La fuerza pública de Argentina protagonizó numerosos enfrentamientos contra manifestantes que critican las políticas económicas del presidente Javier Milei. El incidente más grave ocurrió frente al edificio del Congreso Nacional, donde las autoridades intentaron dispersar a una multitud que se oponía a un proyecto de ley diseñado para fortalecer los derechos de propiedad privada.
Crisis en el centro de Buenos Aires
Miles de personas se movilizaron en la capital argentina para rechazar la iniciativa legislativa. La protesta derivó en choques directos entre la población civil y los agentes de seguridad. Según reportes de periodistas de la agencia AFP, la policía utilizó balas de goma, gases lacrimógenos y chorros de agua para controlar a los manifestantes, quienes respondieron arrojando piedras hacia los uniformados.
Las escenas de tensión se registraron en medio de corridas generalizadas frente a la sede del legislativo. A pesar de las intensas lluvias que azotaban la Ciudad de Buenos Aires ese día, la convocatoria logró reunir a una gran cantidad de participantes, lo que obligó al gobierno a retirar previamente un punto polémico de la iniciativa.
El origen del conflicto: tierras rurales y extranjeros
El núcleo del desacuerdo radicaba en una cláusula que buscaba liberar la venta de tierras a ciudadanos extranjeros, considerada el cambio más rechazado por la sociedad. La legislación actual, vigente desde 2011, limita al 15 por ciento la proporción de tierras que pueden venderse a no residentes, aplicándose este porcentaje a cada provincia y municipio individualmente.
El Gobierno de Milei argumentaba que estas restricciones desalientan la inversión extranjera. Inicialmente, la administración propuso eliminar la barrera; posteriormente, ajustó la propuesta para ampliarla al 25 por ciento sobre el total de cada provincia. Sin embargo, debido a la falta de apoyos políticos y al rechazo social, decidió suprimir este apartado específico del proyecto.
Datos de un estudio realizado por la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, organismo estatal de investigación científica, revelan que más de 13 millones de hectáreas en Argentina pertenecen actualmente a extranjeros, una superficie comparable a la de Inglaterra. Aunque ninguna de las 23 provincias supera el límite legal del 15 por ciento, el Registro de Tierras Rurales indica que 31 departamentos ya exceden esa cifra, llegando hasta el 80 por ciento en algunos municipios de Misiones.
Reacción social y postura del oficialismo
Ante la presión ciudadana, gobernadores aliados habitualmente al gobierno sumaron su rechazo a la flexibilización de las ventas. Como consecuencia, el oficialismo eliminó la controversia del texto legislativo. No obstante, esto no detuvo la movilización. "Yo quiero que caiga la ley completa", declaró Roxana Parapugna, socióloga de 51 años, mientras se encontraba frente a la sede del legislativo.
Carlos Miño, jubilado de 67 años, expresó su preocupación ante el alcance general del proyecto: "casi todo el proyecto está en la misma dirección: entregar de una u otra forma nuestros bienes, nuestras cosas". Los manifestantes sostienen que la normativa beneficia exclusivamente a las empresas y reduce el poder del Estado argentino.
Bajo la consigna "La patria no se vende", repetida en cánticos y banderas, la protesta fue convocada por sindicatos, partidos de izquierda y movimientos sociales. La iniciativa, conocida como "Ley de inviolabilidad de la propiedad privada", busca dificultar las expropiaciones estatales, facilitar los desalojos express y destrabar el cambio de uso y venta de tierras rurales afectadas por incendios.
Además de la cuestión territorial, otros capítulos de la ley proponen reforzar las barreras contra expropiaciones de inmuebles y acelerar procesos de desalojo por impago de alquileres. También se contempla eliminar o flexibilizar la Ley de Manejo del Fuego, la cual restringe actualmente la venta de terrenos incendiados. El proyecto debe continuar su debate en la Cámara de Diputados, donde enfrenta la oposición organizada de amplios sectores de la sociedad civil.
