El jueves 30 de julio, apenas una semana antes de ser capturado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, realizó declaraciones públicas donde instó al gobierno federal a implementar la "Operación Enjambre" en su estado natal. En ese entonces, Aguirre se encontraba libre y realizaba actividades políticas, pero días después sería trasladado al penal de máxima seguridad El Altiplano, donde actualmente permanece vinculado a proceso por la presunta destrucción de videos vinculados al caso Ayotzinapa.
Acusaciones sobre la infiltración del crimen
Las declaraciones fueron emitidas tras una reunión con transportistas en Acapulco y fueron registradas en un video publicado por el periódico local El Sur de Acapulco. En el material audiovisual, Aguirre afirmó que las autoridades en diversos municipios de Guerrero estaban "entregadas al crimen organizado" y señaló específicamente a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno federal, como la persona idónea para liderar la operación debido a su experiencia previa.
"No hay que olvidar que Omar García Harfuch conoce muy bien lo que está pasando en Guerrero", declaró el exmandatario. Agregó que Harfuch encabezó varios operativos durante su propia gubernatura y aseguró: "si se implementara el Operativo Enjambre, estoy seguro que daría magníficos resultados porque el actual secretario de Seguridad tiene muchos elementos y conoce al dedillo la situación que se vive en el estado".
La Operación Enjambre es un programa interinstitucional diseñado para investigar y desarticular redes de corrupción que conectan a autoridades municipales del Estado de México y Morelos con organizaciones criminales. Aguirre cuestionó abiertamente por qué este mecanismo no había sido aplicado en Guerrero hasta el momento de sus comentarios.
Impacto en programas públicos y contexto político
Durante la entrevista, el exgobernador detalló las consecuencias de esta supuesta tutela criminal sobre los gobiernos locales. Explicó que parte de los programas federales, particularmente los destinados a obras públicas, ya no se ejecutan en los términos establecidos. Según su relato, un porcentaje significativo de estos recursos es desviado directamente por los delincuentes.Al ser interrogado sobre si se requería una "purga" similar a la realizada en otros estados, Aguirre reiteró su postura: "ese programa que se implementó en Morelos y el Estado de México, la Operación Enjambre, yo no sé por qué no se ha aplicado en Guerrero". Durante estas declaraciones, en el fondo del video se escuchaba la canción "Highway to Hell" de la banda AC/DC, elemento sonoro que ha sido destacado en la cobertura del incidente.
La captura de Aguirre ocurrió en la caseta de Tepotzotlán, en el Estado de México, lo que algunos analistas políticos han interpretado como una coincidencia sospechosa dado el contenido de sus declaraciones previas. Sin embargo, el texto original advierte que en política no existen las casualidades, sugiriendo una posible correlación temporal entre sus acusaciones y su detención.
Contexto de violencia y justicia en Guerrero
Guerrero enfrenta una crisis de seguridad compleja. Recientemente, la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, perteneciente al partido Morena, fue fotografiada desayunando con el líder de Los Ardillos, uno de los grupos delictivos más influyentes en la entidad. Este hecho ocurre en medio de la escalada violenta que incluyó el asesinato y decapitación de Alejandro Arcos, quien había ganado la presidencia municipal de Chilpancingo por la oposición.
Aguirre comparte celda con otro exgobernador de oposición, el bajacaliforniano Ernesto Ruffo, ambos septuagenarios. Algunas voces críticas sugieren que las detenciones podrían tener fines electorales, aprovechando la debilidad institucional actual. No obstante, el foco principal sigue siendo la investigación sobre los videos del caso Ayotzinapa.
Se estima que los videos que presuntamente ordenó destruir Aguirre carecen de valor probatorio sustancial, ya que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuando aún era independiente, ya estableció los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 frente al puente El Chipote. Las imágenes, descritas como mudas y distantes, no modificarían la narrativa oficial consolidada.
Para avanzar en la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, el análisis de los restos óseos recuperados del río San Juan y el basurero de Cocula sigue siendo crucial. La CNDH emitió una recomendación en noviembre de 2018 para enviar 114 restos a Innsbruck, Austria, para su análisis genético. La ejecución de esta medida podría determinar si la única verdad disponible es la llamada "verdad histórica", basada en la ausencia de pruebas físicas concluyentes sobre el paradero final de los jóvenes.
