La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo públicos este miércoles tres documentos relacionados con la solicitud de detención con fines de extradición presentada por Estados Unidos contra diez personas, entre ellas el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza, su exsecretario de Gobierno. La petición fue enviada a México el pasado 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que acusa a los imputados de diversos delitos relacionados con el narcotráfico.
Documentos revelados por la Cancillería
El primer documento es una tarjeta informativa elaborada el 29 de abril de 2026, que resume la acusación formal presentada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. Según el texto, los imputados participaron en una conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos. Además, se les acusa de haber utilizado sus cargos públicos para proteger a líderes criminales, filtrar información policial y militar sensible, impedir arrestos, ordenar a corporaciones locales resguardar cargamentos de droga y permitir actos violentos del cártel sin consecuencias legales.
La tarjeta informativa subraya que "las autoridades estadounidenses aclaran que se trata de acusaciones, no condenas, y que todos los señalados son legalmente presuntos inocentes hasta probarse lo contrario".
Comunicado de extrañamiento a la embajada de EU
El segundo documento es un "comunicado de extrañamiento" enviado a la embajada de Estados Unidos en México el 30 de abril. En él, el gobierno mexicano expresa su preocupación por la divulgación pública de la acusación antes de que se hubiera completado el proceso de detención provisional. La Cancillería considera que la revelación de los datos contenidos en la solicitud de extradición —que incluyen nombres de los acusados y detalles de los cargos— viola la confidencialidad que debe guardarse en materia de procuración de justicia, especialmente cuando existe una investigación penal en curso en territorio estadounidense.
El director de Asuntos Jurídicos de la SRE, quien firmó el extrañamiento, señaló que "al violarse la confidencialidad de los mismos, esta acción pueda tener impacto en el resultado deseado de los procedimientos de extradición correspondientes". Además, advirtió que dicha divulgación podría afectar los derechos al debido proceso de las personas reclamadas en extradición.
En la misiva al embajador Ronald Johnson, se sugiere solicitar al Departamento de Justicia de Estados Unidos que recuerde a los fiscales de distrito el compromiso de confidencialidad de la información sensible en la relación bilateral.
Líneas discursivas para representaciones mexicanas
El tercer documento consiste en una serie de "Líneas Discursivas de Apoyo" para las representaciones mexicanas en el exterior, también fechadas el 30 de abril. Estas instrucciones buscan que los diplomáticos mexicanos puedan referirse al caso con una postura oficial clara: "Tras las solicitudes de Estados Unidos para la detención provisional de diez ciudadanos mexicanos con fines de extradición, México ha establecido una postura clara: la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía".
El documento cita a la presidenta Claudia Sheinbaum: "No vamos a proteger a nadie que haya cometido un delito... y hemos actuado en consecuencia". Asimismo, recuerda que, de acuerdo con el sistema de justicia acusatorio mexicano, "ningún arresto ni acción judicial puede proceder sin pruebas sólidas, no solo alegaciones o declaraciones escritas".
Impacto y contexto del caso
La publicación de estos documentos se da en un contexto de tensiones bilaterales por el combate al narcotráfico y la cooperación judicial entre México y Estados Unidos. Los acusados, entre los que figuran funcionarios públicos de alto nivel, enfrentan cargos por conspiración para traficar drogas sintéticas y tradicionales, así como por obstrucción a la justicia. El caso ha generado controversia en México, donde se debate la presunción de inocencia y el debido proceso frente a las acusaciones de la Fiscalía estadounidense.
La SRE ha reiterado que el gobierno mexicano actuará conforme a la ley y que cualquier proceso de extradición se realizará respetando los procedimientos legales establecidos. Hasta el momento, no se han realizado detenciones en México relacionadas con esta solicitud, y los acusados continúan en libertad mientras se resuelve su situación jurídica.
