Tras la controversia generada por una propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para establecer un impuesto a las herencias y legados, surge la duda sobre si en algún momento de la historia de México existió dicho gravamen. La respuesta es afirmativa: aunque muchas personas creen que México nunca ha cobrado un impuesto por este concepto, la realidad es otra, ya que existió durante gran parte del siglo XX, pero fue eliminado hace varias décadas.
Orígenes del impuesto a herencias en México
El impuesto a las herencias en México data de principios del siglo XX. Se implementó como parte del sistema fiscal federal y se aplicaba a la transmisión de bienes por causa de muerte. El monto del impuesto variaba dependiendo del valor de los bienes heredados y, en algunos casos, del parentesco entre el fallecido y el heredero. Según registros históricos, este gravamen estuvo vigente hasta 1961, cuando fue derogado.
Características del gravamen
El impuesto se aplicaba a las herencias y legados, y su tasa era progresiva: a mayor valor de los bienes, mayor porcentaje de impuesto. Además, existían exenciones para herederos directos, como cónyuges e hijos, aunque no siempre estaban exentos por completo. La recaudación de este impuesto era parte de los ingresos federales, pero su eliminación respondió a cambios en la política fiscal y a la búsqueda de simplificación del sistema tributario.
Eliminación del impuesto
En 1961, durante el gobierno de Adolfo López Mateos, se eliminó el impuesto federal a las herencias. La decisión se tomó en el contexto de una reforma fiscal que buscaba reducir la carga tributaria sobre las familias y fomentar la inversión. Desde entonces, no ha habido un impuesto federal sobre las herencias en México, aunque algunos estados han intentado implementar gravámenes locales, sin éxito generalizado.
Debate actual sobre un nuevo impuesto
La reciente propuesta de la SCJN ha reavivado el debate sobre la conveniencia de restablecer un impuesto a las herencias. Los defensores argumentan que podría aumentar la recaudación y reducir la desigualdad, mientras que los opositores señalan que podría afectar a las familias y desincentivar el ahorro. Hasta el momento, no hay una iniciativa formal en el Congreso, pero el tema sigue siendo objeto de discusión entre especialistas y políticos.
