La Comisión para la Igualdad de Género del Senado aprobó la ruta crítica para analizar y discutir la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio. El objetivo es eliminar la disparidad jurídica en los 32 códigos penales estatales y establecer un tipo penal único en todo el país, garantizando que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento como feminicidio. El dictamen se elaborará entre el 25 y 30 de agosto.
Ruta crítica y plazos definidos
La presidenta de la comisión, la senadora de Morena Martha Lucía Micher, detalló que la ruta crítica inició con la recepción de la iniciativa presidencial el pasado 23 de julio. De inmediato arrancó el análisis preliminar, y durante julio y agosto se realizará un estudio técnico y jurídico para verificar la congruencia con el marco constitucional.
En la primera semana de agosto se recibirán observaciones y propuestas de legisladores, instituciones públicas, academia, sociedad civil, expertos y actores relevantes a través de un micrositio que se habilitará próximamente. La ruta incluye una mesa de diálogo titulada "Hacia una ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio", programada para el 18 de agosto.
Posteriormente, del 19 al 24 de agosto se llevará a cabo la sistematización y valoración de las propuestas para fortalecer la iniciativa. Finalmente, entre el 25 y 30 de agosto se elaborará el proyecto de dictamen. Micher subrayó que el proceso busca construir una legislación sólida, eficaz y acorde a las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado mexicano.
Disparidad territorial: una lotería de justicia
La presidenta del Senado y próxima titular de la Secretaría de las Mujeres, Laura Itzel Castillo Juárez, señaló que en México el feminicidio no se acredita ni se castiga igual en todo el territorio. “Contar con 32 códigos penales significa 32 maneras muy distintas y miradas diferentes para nombrar el asesinato de las mujeres por razones de género”, afirmó. Explicó que en algunas entidades las razones de género son tan restrictivas que el delito termina reclasificado como homicidio simple.
“Familias han luchado por años y hasta décadas para que se castigue al responsable y para que al delito se le llame por su nombre”, expuso Castillo Juárez. La disparidad ha significado que la justicia que recibe la familia de una víctima dependa del código penal del estado donde fue asesinada, lo que calificó como “una lotería territorial de la justicia, inadmisible en un Estado federal que se reclama garante de la igualdad ante la ley”.
Beneficios concretos de la ley general
Castillo Juárez destacó que una ley general de esta naturaleza implica tres aspectos fundamentales: homologar el tipo penal para que el feminicidio sea el mismo delito en todo el país; establecer estándares mínimos de investigación con perspectiva de género para evitar cierres de carpetas por negligencia o prejuicio; y garantizar que toda muerte violenta de una mujer se investigue desde el primer momento como feminicidio.
Por su parte, la senadora Martha Lucía Micher agregó que la ruta crítica tiene como objetivo acompañar el estudio de la propuesta legislativa, que busca un tipo penal único y un marco normativo general que fortalezca la prevención, investigación, sanción y reparación del daño. “El objetivo es que el proceso legislativo permita construir una legislación sólida, eficaz y acorde a las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado mexicano, que contribuya a prevenir el feminicidio, combatir la impunidad y garantizar a las mujeres y sus familias el acceso efectivo a la justicia, sin omisiones, sin errores, tiempos eternos o vulnerar la libertad, seguridad y dignidad de las víctimas”, concluyó.
Respuesta de la oposición
La senadora de Movimiento Ciudadano, Amalia García, calificó la iniciativa como “formidable” porque busca homologar el tipo penal de feminicidio. “Es muy importante para que se cuente con estándares armonizados y que las investigaciones se realicen con perspectiva de género, y que no quede en la impunidad ese lamentable delito”, apuntó. La legisladora señaló que la unificación de criterios es esencial para combatir la impunidad y garantizar justicia a las víctimas.
La iniciativa presidencial y la ruta crítica aprobada representan un paso significativo hacia la armonización legal en México, donde los feminicidios han sido un problema persistente. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2025 se registraron más de 800 víctimas de feminicidio en el país, aunque las cifras varían por las diferencias en la tipificación estatal. La nueva ley busca cerrar esas brechas y asegurar que ninguna muerte violenta de mujer quede sin ser investigada como feminicidio.
