Fractura Interna en Morena Amenaza la Lucha Contra el Crimen Organizado
En el régimen actual se ha abierto una profunda fractura respecto al combate al crimen organizado. Los sectores más leales al ex presidente Andrés Manuel López Obrador han levantado una muralla contra cualquier intento de la presidenta Claudia Sheinbaum de abrir procesos que culminen en responsabilidades para militantes de Morena por presuntos vínculos con cárteles de drogas.
Debilitamiento Frente a Presiones Internacionales
Este desafío del ala radical del obradorismo debilita significativamente la posición de Sheinbaum frente a Estados Unidos, que está ejerciendo presión para que se lleven a cabo procesos contra políticos, sin los cuales, afirman, las organizaciones criminales no habrían alcanzado los niveles actuales de crecimiento y fortalecimiento.
Sheinbaum se ha visto obligada a modificar su postura para evitar lo que en ocasiones parece inevitable: una intervención unilateral de Estados Unidos en territorio mexicano. Al no ceder a las presiones y abrir causas penales contra figuras de Morena, consideró fórmulas para limpiar su casa, con el objetivo de salvaguardar la soberanía y enviar señales a Washington de que la impunidad ha terminado, ganando así más tiempo frente a los impulsos del presidente Donald Trump.
Sabotaje en el Consejo Nacional de Morena
Sin embargo, no logró avanzar. En el reciente Consejo Nacional de Morena a principios de este mes, se propusieron mecanismos para separar de sus cargos y retirar el fuero a gobernadores y presidentes municipales por manejo de recursos de procedencia ilícita y presuntos nexos con el crimen organizado, junto con una iniciativa en el Congreso para agilizar los procesos de desafuero de legisladores en situaciones similares.
La propuesta ni siquiera llegó a votación. El presidente del Consejo, el gobernador de Sonora Alfonso Durazo, junto con Rafael Barajas, “El Fisgón”, principal asesor político de López Obrador y responsable del Instituto de Formación Política de Morena, sabotearon la iniciativa. Durazo argumentó, según detalles de la negociación frustrada, que no procedía, apelando a la “integridad” del obradorismo siguiendo el ejemplo del ex presidente.
Consecuencias de la Impunidad
Con esta justificación que muchos calificarían de cínica, se selló la posibilidad de que en México, figuras como él, otra decena de gobernadores —todos de Morena menos uno—, y alcaldes en estados obradoristas en la frontera con Estados Unidos, Michoacán y Sinaloa, sobre quienes existen investigaciones en Estados Unidos, pudieran ser sujetos de acciones penales en territorio nacional.
La construcción de esta muralla de impunidad para políticos mexicanos socava la cooperación con Estados Unidos, dejando al Gobierno confrontado con su propio partido en el poder. Una imagen poderosa de esta disociación fue la fotografía de la reciente reunión en Washington del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con el director de la DEA, Terry Cole, que subrayó el entorno de confianza restituido por el Gobierno, pese a los antecedentes de Cole en México durante los primeros años de la administración de López Obrador.
Presiones y Listas de Nombres
Cole elaboró la primera lista de 30 nombres de políticos de Morena vinculados con el crimen organizado, como respuesta a la exoneración rápida por parte de la Fiscalía General de la República del general Salvador Cienfuegos, acusado por el Departamento de Justicia de presunta relación con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Este caso sigue vigente en Washington.
La fractura no se limitó a ese sabotaje. Desde hace semanas, columnistas que reflejan el pensamiento del ala dura del obradorismo han criticado a García Harfuch, acusándolo de ser complaciente con Trump, lo que perjudica a Sheinbaum, y sugiriendo que debe diseñar una política de seguridad que enfrente las presiones de Washington. Sutilmente, proponen restaurar la política de “abrazos, no balazos”, permitiendo a los cárteles operar nuevamente bajo complicidad gubernamental, como ocurrió con López Obrador, quien también tiene investigaciones abiertas en Estados Unidos.
Resistencia y Diagnóstico Nacional
Esa política no regresará. No se trata solo de la presión de Trump, sino de la viabilidad del país, según el diagnóstico entregado a Sheinbaum desde la campaña presidencial, mucho antes de que Trump se convirtiera en una fuerza intervencionista amenazante. Sheinbaum resistió largo tiempo, y en septiembre se negó a presentar al Senado un acuerdo de seguridad con Estados Unidos, bajo presión del secretario de Estado, Marco Rubio.
Cada vez que le han presentado listas de políticos morenistas vinculados con el crimen organizado, su respuesta ha sido solicitar pruebas, aunque ella posee las propias. La mejor solución para navegar en estos dos ecosistemas era la propuesta al Consejo Político de Morena, pero, como le dijo Rubio en su reunión en Palacio Nacional en septiembre ante su negativa de llevar al Senado el acuerdo bilateral, no tiene la fuerza interna para imponerse.
Apostando por el Búnker Mexicano
El ala dura de Morena, al igual que Sheinbaum, teme una acción unilateral, pero a diferencia de ella, los radicales de López Obrador, en defensa de los delincuentes en su trinchera, apuestan a que México sea su búnker. El obradorismo radical no quiere recortar pérdidas, y al final podría perder más, al no leer correctamente la hoja de ruta de Washington, similar a la aplicada en Venezuela: construir una narrativa que va de lo general a lo particular, creando condiciones de opinión pública que hagan menos costosas sus acciones quirúrgicas.
Ha transcurrido mucho tiempo desde las primeras declaraciones de Trump sobre la captura de México por el crimen organizado hasta este martes, cuando el general Gregory Guillot, comandante de la Fuerza Aérea del Comando Norte y del Comando de Defensa Aeroespacial Norteamericano, afirmó ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Congreso que, aunque el crimen organizado no se ha enfrentado directamente a tropas estadounidenses, el acoso contra funcionarios de ese país ha aumentado, junto con el hackeo de sus comunicaciones por parte de los cárteles.
La trayectoria de esta narrativa es clara. Guillot fue muy preciso en su testimonio, con una declaración escrita inusualmente extensa de 21 páginas, evocando el buque de guerra Maine y el Golfo de Tonkin, donde supuestos ataques a militares estadounidenses justificaron guerras contra España por Cuba y en Vietnam.
