Ministra Esquivel señala vacíos legales en facultades de congelamiento de cuentas
En una sesión pública del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Yasmín Esquivel Mossa volvió a destacar la omisión legislativa como un problema central en el marco jurídico mexicano. La magistrada fue enfática al señalar que "la normativa vigente resulta indeterminada", ya que no establece con precisión cuáles son las conductas que pueden dar lugar a imponer el congelamiento de cuentas como medida preventiva.
Debate constitucional sobre facultades de la UIF
A pesar de las críticas de Esquivel, por mayoría de votos se avalaron las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para aplicar esta medida. La ministra se pronunció en contra del proyecto que finalmente se resolvió a favor del organismo, argumentando que "es indispensable que los gobernados conozcan con claridad los parámetros que permitan determinar quién puede ser sujeto de dicha medida preventiva".
Esquivel Mossa puso al frente el principio 'propersona' y enfatizó que, en un Estado democrático, toda acción orientada al combate al crimen debe encontrarse plenamente definida en la Constitución. "Actualmente los jueces en materia penal están obligados a resolver de manera inmediata las solicitudes que presentan las autoridades encargadas de investigar delitos", explicó la ministra.
Posiciones divididas en el pleno de la SCJN
El debate judicial reveló posturas claramente divididas entre los ministros:
- A favor del proyecto: Irene Herrerías Guerra, Irving Espinoza Betanzo, María Esthela Ríos González, Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres y Loretta Ortiz Ahlf Guadarrama.
- En contra del proyecto: Yasmín Esquivel Mossa, Arístides Guerrero García y Giovanni Figueroa Mejía.
La ministra Esquivel argumentó que "exigir la intervención judicial previa no fomenta la impunidad, sino que fortalece el control constitucional de las medidas restrictivas, para evitar actividades con recursos de procedencia ilícita y el lavado de dinero". Su postura subraya la necesidad de un equilibrio entre la eficacia en el combate al crimen y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Este caso pone en evidencia las tensiones entre las facultades de las autoridades financieras y las garantías procesales, un tema que continuará generando discusión en el ámbito jurídico mexicano mientras persistan los vacíos legislativos señalados por la ministra Esquivel.
