Juez federal desecha amparo contra tope de pensiones doradas
Un juez federal ha desechado uno de los primeros amparos presentados por jubilados que se verán afectados por la reforma constitucional que establece un tope máximo de 70 mil pesos mensuales para las llamadas "pensiones doradas" de extrabajadores gubernamentales. La decisión judicial representa un revés significativo para los beneficiarios que buscan evitar la aplicación de esta medida.
Fundamento legal del rechazo
El juez Cuarto de Distrito en materia Administrativa, Ulises Oswaldo Rivera González, determinó que el juicio de garantías no procede contra modificaciones constitucionales, incluso cuando estas pudieran vulnerar derechos fundamentales. En su resolución del expediente 657/2026, el magistrado argumentó que el marco normativo actual "ha desprovisto a los jueces de Distrito de cualquier respaldo constitucional, legal o jurisprudencial que permita evaluar la constitucionalidad o la convencionalidad de preceptos de la propia Constitución".
Contexto de la reforma controversial
La reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y avalada por Morena y sus aliados ha generado intensas protestas desde su aprobación. El pasado 13 de abril, jubilados afectados iniciaron movilizaciones y presentaron las primeras demandas de amparo para intentar bloquear su implementación. La medida establece que todas las pensiones que superen los 70 mil pesos mensuales al momento de la entrada en vigor del decreto deberán ajustarse a ese límite máximo.
Críticas a la retroactividad
La reforma ha sido objeto de fuertes críticas por parte de expertos jurídicos y organizaciones de derechos humanos, quienes argumentan que viola el principio de no retroactividad de la ley. Los detractores señalan que modificar pensiones ya otorgadas constituye un perjuicio directo contra personas que planificaron su retiro basándose en montos previamente establecidos y garantizados.
Implicaciones para los jubilados
Esta decisión judicial sienta un precedente importante para los cientos de amparos que podrían presentarse en los próximos meses. Los jubilados afectados pertenecen principalmente a:
- Dependencias gubernamentales federales
- Organismos descentralizados del Estado
- Instituciones públicas con regímenes especiales de pensiones
- Entidades paraestatales con beneficios superiores al tope establecido
La resolución del juez Rivera González se basa específicamente en los artículos 113 y 61, fracción I, de la Ley de Amparo, que limitan la capacidad de los tribunales para revisar reformas constitucionales a través de este mecanismo legal. Este caso marca el inicio de lo que probablemente será una prolongada batalla jurídica sobre los límites del poder reformador del Estado frente a los derechos adquiridos de los ciudadanos.
