Juez federal modifica medida cautelar para adulta mayor acusada de homicidio
Un juez de control del Juzgado Sexto de Distrito con residencia en Nezahualcóyotl ha concedido la medida cautelar de prisión domiciliaria a Carlota "N", una adulta mayor que se encuentra acusada de asesinar a balazos a miembros de un sindicato de invasores de propiedades. Los hechos ocurrieron cuando estos individuos ingresaron sin autorización al domicilio de su hija en el municipio de Chalco, Estado de México.
Casi un año de reclusión y un amparo exitoso
Tras permanecer casi un año dentro del Centro Penitenciario de Chalco, la defensa de Carlota "N" promovió el amparo 2063/2025 contra la resolución del pasado seis de noviembre. En dicha resolución, una juez había determinado que la mujer debía permanecer en prisión preventiva, argumentando riesgo de fuga y que no se garantizaba la seguridad de las víctimas.
Sin embargo, la familia y asesoría legal de la imputada impugnaron esta decisión ante el Juzgado Sexto de Distrito. Tras analizar el amparo, el juez ordenó dejar sin efectos la medida cautelar anterior, considerando que las afectaciones a la salud de la adulta mayor eran determinantes para validar que requiere atención médica especializada que no recibe dentro del penal.
Fundamentos legales y condiciones de salud
En la audiencia, el juez enumeró varios argumentos clave:
- Carlota "N" cuenta con un acta de nacimiento que acredita que es mayor de 70 años, lo que se alinea con el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece la prisión preventiva domiciliaria para personas mayores de 70 años o con enfermedades graves.
- El juez argumentó que se le debe aplicar la presunción de adulto mayor, algo que, según sus palabras, "se puede comprobar a simple vista".
- La mujer padece Diabetes tipo 2, condición que requiere tratamiento clínico especializado vinculado a su Derecho Humano a la salud.
- El juez determinó que Carlota "N" debe estar vigilada por especialistas en padecimientos mentales y que cuiden su alimentación.
Esta resolución obedece al derecho de la mujer al respeto a su dignidad y a que, al no contar con una sentencia, se debe respetar su presunción de inocencia sin trato discriminatorio.
Medidas cautelares específicas y restricciones
El juez estableció una serie de condiciones estrictas para la prisión domiciliaria:
- Pago de 250 mil pesos en cualquier modalidad.
- Prohibición de abandonar el país, con instrucción a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para verificar que no cuenta con pasaporte vigente.
- No cometer otros delitos dentro del domicilio.
- No acercarse a las víctimas indirectas.
- Uso de dispositivo electrónico (brazalete) para comprobar su estancia en el hogar.
- No asistir a reuniones sociales.
- Sujeta a visitas no anunciadas del Centro Estatal de Medidas Cautelares.
- No abandonar el domicilio y presentarse ante la autoridad judicial cuando sea requerida.
El juez advirtió que, en caso de incumplimiento, revocará la concesión y Carlota "N" tendrá que regresar al penal de Chalco.
Contexto del caso y reacciones familiares
La autoridad validó que no existen datos de prueba que sostengan que Carlota pueda obstaculizar el procedimiento penal, ya que no es un elemento policiaco, no milita en partidos políticos ni se desempeña como servidor público.
La defensa de Carlota cuenta con tres días hábiles para presentar la documentación y el monto requerido, por lo que la mujer podría abandonar el penal de Chalco el 20 o 21 de marzo.
Una vez finalizada la audiencia, Arturo Santana Alfaro, hijo de Carlota "N", festejó la resolución del amparo y reafirmó que no aceptarán la propuesta de la Fiscalía, que ofrecía aceptar la culpabilidad a cambio de reducir a un tercio la multa y los años de prisión.
"Vamos a seguir luchando porque esto no termina aquí, nos vamos a meter al proceso, no vamos a aceptar ningún procedimiento abreviado, vamos a luchar hasta acreditar la legítima defensa de mi madre y de mis hermanos", declaró Santana Alfaro.
"Lo que nos ha costado toda la vida reunir, nuestro domicilio, nuestra casa, es lo más sagrado que tenemos. El derecho a la propiedad en México persiste y el derecho a la vida también se tiene que defender", añadió en compañía de familiares, amigos y víctimas de despojo que han aprovechado el caso para visibilizar cómo invasores han tomado sin autorización diversos predios en el Estado de México.
El caso ha generado un debate significativo sobre los límites de la legítima defensa, los derechos de los adultos mayores en el sistema penal y la problemática de las invasiones de propiedades en la región.
