Reforma a 'pensiones doradas' avanza en comisiones del Senado
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos en el Senado de la República aprobaron por unanimidad el dictamen que limita las jubilaciones y pensiones en las entidades públicas, una propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Este avance legislativo representa un paso significativo hacia la modificación del artículo 127 de la Constitución, estableciendo que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán superar el 50% de las remuneraciones que percibe la presidenta de la República.
Detalles de la reforma y su alcance
La reforma constitucional aplicará específicamente para el personal de confianza que labora en organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales, todos pertenecientes al Gobierno Federal. Sin embargo, el dictamen incluye exclusiones importantes:
- Las Fuerzas Armadas quedan fuera de esta limitación.
- Las jubilaciones o pensiones constituidas a partir de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales.
- Las pensiones derivadas de aportaciones sindicales en sistemas de ahorro complementarios.
- La pensión no contributiva también está excluida de estas restricciones.
Se prevé que el dictamen sea discutido en el Pleno del Senado en los próximos días, marcando un hito en la política de transparencia y equidad en las remuneraciones públicas.
Posiciones políticas y reservas expresadas
Aunque el dictamen recibió 32 votos a favor en las comisiones, algunos senadores manifestaron reservas técnicas y jurídicas. Ricardo Anaya, coordinador de la bancada del PAN en el Senado, afirmó que su partido apoya la iniciativa, pero criticó la metodología de fijar las pensiones en función del sueldo presidencial. "Es un disparate en términos de técnica jurídica", señaló, argumentando que el sueldo presidencial es una decisión política variable, mientras que propone usar la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como referencia más estable, vinculada a la inflación.
Por su parte, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, expresó apoyo a la reforma pero destacó inconsistencias, particularmente en materia de retroactividad. Advirtió que esto podría poner en riesgo el Estado de Derecho en México, citando jurisprudencias previas a la reforma constitucional en derechos humanos de 2011. "Es necesario revisar si las actuaciones del constituyente protegen, garantizan y respetan los derechos humanos", detalló, subrayando la importancia de alinear la reforma con estándares contemporáneos de protección legal.
Contexto y antecedentes de la iniciativa
Esta iniciativa surge en un contexto de creciente escrutinio público sobre las llamadas 'pensiones doradas', que han generado controversia por sus montos elevados. La propuesta de Sheinbaum busca establecer límites claros y promover la equidad en las remuneraciones post-laborales de exfuncionarios. Anteriormente, casos como las pensiones millonarias de Luz y Fuerza del Centro habían sido investigados, lo que alimentó el debate público y político sobre la necesidad de reformas en este ámbito.
El avance en las comisiones senatoriales refleja un consenso amplio sobre la urgencia de regular estas pensiones, aunque persisten discusiones técnicas que podrían influir en la redacción final durante la discusión en el Pleno. Este proceso legislativo se enmarca en esfuerzos más amplios por fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público mexicano.
