El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció a favor de establecer una doctrina penal especial para personas de la tercera edad involucradas en procesos judiciales. La decisión surge tras analizar un caso en Nuevo León donde una pareja de adultos mayores fue sentenciada a cinco años de prisión por invasión de predio.
Detalles del caso y resolución
El proyecto, presentado por el ministro Giovanni Figueroa, abordó la situación de una mujer de 64 años y un hombre de 75 años. Durante el proceso, los quejosos argumentaron que el juez que dictó la sentencia no fue el mismo que determinó su responsabilidad penal, y que carecieron de asesoría legal especializada debido a su edad.
La ministra María Estela Ríos González señaló que la edad avanzada no implica automáticamente una condición de vulnerabilidad. "Estoy consciente de que la sola edad no condiciona para estar en una situación de vulnerabilidad, sino que deben analizarse otras condiciones físicas, materiales, sociales y económicas", afirmó. Añadió que generalizar podría generar ventajas indebidas para adultos mayores y desventajas para otros grupos.
Construcción de una doctrina con perspectiva de edad
El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, respaldó la creación de una doctrina que atienda las necesidades específicas de los adultos mayores, en línea con compromisos internacionales y precedentes de la Corte. "No estoy tan seguro que este sea el caso que nos permita desarrollar ampliamente la doctrina, sí es un buen punto de arranque", comentó. Subrayó la importancia de precisar los procedimientos para evitar decisiones desproporcionadas.
Por unanimidad, el Pleno concedió el amparo a la pareja, revocando la sentencia previa. Se ordenó proporcionar asesoría legal especializada y dictar una nueva resolución que considere su condición etaria y otras circunstancias personales.
Esta decisión marca un precedente en el sistema judicial mexicano, reconociendo la necesidad de un trato diferenciado para adultos mayores sin caer en generalizaciones que afecten la equidad procesal.
