La desigualdad de género acumulada: cómo ser mujer en México aumenta la pobreza en la vejez
Cada 8 de marzo, la conversación pública se centra en brechas salariales, violencia de género o participación política. Sin embargo, existe una dimensión menos visible pero profundamente estructural: las desigualdades que se acumulan a lo largo del ciclo vital y convergen en salud, empleo, pensiones y pobreza durante la vejez, particularmente cuando se es mujer.
La realidad estadística: pobreza y vulnerabilidad femenina
En México, ser mujer incrementa significativamente la probabilidad de enfrentar gastos catastróficos en salud, trayectorias laborales interrumpidas, menor acceso a seguridad social, escaso acceso a pensiones contributivas y mayor vulnerabilidad económica en la tercera edad. Este no es un fenómeno aislado, sino el resultado acumulado de decisiones institucionales, mercados laborales segmentados y un sistema de cuidados que descansa predominantemente sobre los hombros femeninos.
Una de cada tres mujeres en el país vive en situación de pobreza y vulnerabilidad social, con brechas persistentes respecto a los hombres. Según el análisis más reciente de política de desarrollo social, aproximadamente entre el 30% y 37% de las mujeres mexicanas se encuentran en pobreza, donde coexisten ingresos insuficientes con carencias en servicios básicos de manera frecuente.
Los datos revelan que los hogares con jefatura femenina tienen mayor probabilidad de experimentar gastos catastróficos por motivos de salud. Este tipo de gasto ocurre cuando el desembolso en atención médica supera un porcentaje significativo del ingreso disponible del hogar, obligando a sacrificar consumo básico o a endeudarse. En México, donde el gasto de bolsillo en salud ha sido históricamente elevado, la vulnerabilidad económica femenina se amplifica considerablemente.
Explicación estructural: la doble carga femenina
¿Por qué ocurre esta situación? La explicación es fundamentalmente estructural. Muchas mujeres jefas de hogar no solo son proveedoras económicas, sino también principales cuidadoras de hijos, personas enfermas o padres mayores. Esta doble —e incluso triple— carga limita severamente su capacidad de insertarse en empleos formales con jornadas completas.
La necesidad de flexibilidad laboral las empuja hacia el sector informal, donde no existe seguridad social ni protección ante enfermedad. Más del 50% de las mexicanas labora bajo estas condiciones precarias. Así, cuando aparece un padecimiento crónico en el hogar —como diabetes, hipertensión o cáncer— el impacto no solo es sanitario, sino también financiero devastador.
Vejez, enfermedad y feminización de la pobreza
Las enfermedades crónicas tienen un efecto diferenciado por género en las trayectorias laborales. En los hombres, la enfermedad suele afectar principalmente los ingresos, pero frecuentemente cuentan con una pareja que asume tareas de cuidado o administración del hogar. En cambio, cuando una mujer enferma, su red de apoyo suele ser más limitada.
Muchas viven solas, son viudas o sostienen hogares monoparentales. La ausencia de redes familiares o comunitarias implica que, además de enfrentar la enfermedad, deben resolver simultáneamente la logística del cuidado y la generación de ingresos.
El problema se agrava porque las trayectorias laborales femeninas suelen ser discontinuas. Las interrupciones por maternidad, cuidado de hijos o familiares enfermos reducen la acumulación de semanas de cotización y, por tanto, el acceso a pensiones contributivas. A lo largo del ciclo de vida, estas interrupciones generan un efecto acumulativo que se traduce en menores pensiones y menor protección social en la vejez.
En 2022, solo el 25% de las mujeres mayores recibía pensión contributiva, frente a más del 41% de los hombres. Esta brecha de casi 16 puntos porcentuales representa una desigualdad estructural que no muestra signos de cambio en el corto plazo.
Feminización del envejecimiento y viudez
México atraviesa además un proceso de envejecimiento demográfico acelerado. Las mujeres tienen mayor esperanza de vida que los hombres —alrededor de cinco años más en promedio— lo que implica que constituyen la mayoría de la población adulta mayor. En términos porcentuales, aproximadamente entre el 54% y 55% de las personas mayores de 60 años son mujeres.
Esta "feminización del envejecimiento" tiene implicaciones económicas claras: más años de vida con menores ingresos acumulados. A esta realidad se suma la mayor probabilidad de viudez. Las mujeres tienden a casarse con hombres mayores y viven más años, lo que incrementa la proporción de viudas en edades avanzadas.
La viudez implica no solo pérdida afectiva, sino reducción del ingreso del hogar. Aunque existen pensiones por viudez en el sistema formal, muchas mujeres no cumplen requisitos por trayectorias laborales informales propias o de sus parejas. El resultado es mayor probabilidad de vivir solas y mayor riesgo de pobreza.
Vulnerabilidad económica y soledad en la vejez
La probabilidad de vivir sola en la vejez es significativamente más alta entre mujeres que entre hombres. Vivir sola no es sinónimo automático de pobreza, pero en contextos de baja protección social aumenta considerablemente la vulnerabilidad. Un solo ingreso, cuando existe, debe cubrir vivienda, alimentación, medicamentos y cuidados de largo plazo.
La carga financiera de enfermedades crónicas se vuelve entonces más pesada y difícil de sobrellevar. En este escenario complejo, las pensiones no contributivas representan un alivio parcial, dado que los programas de transferencias universales para adultos mayores han ampliado la cobertura y reducido la pobreza extrema en la vejez.
Para muchas mujeres que nunca cotizaron o que lo hicieron de manera insuficiente, estas pensiones constituyen su principal fuente de ingreso estable. Desde el punto de vista distributivo, han tenido un efecto progresivo importante.
Desafíos del sistema de salud y protección social
Sin embargo, este avance convive con un deterioro en la provisión de servicios públicos de salud después de la desaparición del Seguro Popular y las dificultades que se enfrentan en los últimos años para concretar nuevos esquemas institucionales de salud para población que trabajó de manera informal.
La incertidumbre en la cobertura, el desabasto de medicamentos y la fragmentación del sistema han aumentado el gasto de bolsillo para muchos hogares. Así, el ingreso adicional de la pensión puede verse absorbido por mayores costos médicos.
El resultado es una ecuación preocupante: mayor esperanza de vida femenina, pero con más años vividos en condiciones de precariedad económica y sanitaria. Menores pensiones contributivas, mayor dependencia de transferencias públicas y mayor exposición a enfermedades crónicas.
Desde la economía de la salud, esto plantea un desafío doble: cómo financiar sistemas sostenibles de atención para enfermedades de largo plazo y cómo diseñar mecanismos que no reproduzcan desigualdades de género acumuladas.
Políticas públicas con enfoque de género
La discusión del 8 de marzo no debería limitarse a la brecha salarial actual, sino incorporar estos conceptos en el ciclo de vida completo, pues la desigualdad no comienza en la vejez; se construye a lo largo del ciclo vital. Cada interrupción laboral por cuidado no remunerado, cada empleo informal aceptado por necesidad de flexibilidad, cada enfermedad crónica mal atendida, se convierte en un eslabón más de una cadena que culmina en mayor pobreza en la vejez, particularmente femenina.
¿Qué implicaría una política pública con enfoque de género en este ámbito? Al menos cuatro consideraciones fundamentales:
- Reconocer el trabajo de cuidados como componente económico central y no como externalidad familiar.
- Fortalecer la formalización laboral con esquemas flexibles que no penalicen la maternidad o el cuidado familiar.
- Garantizar cobertura efectiva de enfermedades crónicas para reducir gasto catastrófico en salud.
- Dimensionar la brecha persistente de acceso a pensiones vinculadas al empleo formal, un factor central en la vulnerabilidad económica en la vejez.
Envejecer siendo mujer en México no debería significar enfrentar sola la enfermedad ni elegir entre medicamentos y alimentación. La desigualdad de género también se mide en la probabilidad de empobrecer cuando se enferma y en la calidad de vida en los años finales. Este 8 de marzo conviene recordar que la justicia económica también pasa por garantizar que vivir más no signifique vivir peor.
La autora es profesora-investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
