La industria farmacéutica transnacional ha demostrado una vez más que sus intereses comerciales prevalecen sobre la salud pública. El reciente proyecto de digitalización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), diseñado para modernizar y agilizar los procesos regulatorios en México, ha puesto en evidencia la contradicción de empresas como AstraZeneca, Sanofi, Bayer y Johnson & Johnson, agrupadas en la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF).
Críticas a un modelo solicitado por ellas mismas
Durante años, estas compañías insistieron en la necesidad de modernizar a la autoridad sanitaria, acelerar trámites y establecer mecanismos de colaboración público-privada que permitieran un acceso más rápido a medicamentos innovadores. Sin embargo, ahora que el gobierno federal impulsa una estrategia en ese sentido, las mismas empresas que exigían cambios buscan desacreditar el proyecto bajo argumentos de cumplimiento normativo y supuestos conflictos éticos.
Detrás de esa narrativa se oculta una realidad incómoda: las farmacéuticas transnacionales solo están dispuestas a colaborar cuando los beneficios económicos les favorecen directamente. Mientras destinan millones de dólares a cabildeo, consultorías y estrategias legales para moldear la regulación mexicana a su conveniencia, califican como inapropiado participar en iniciativas que fortalecen las capacidades institucionales del Estado.
Antecedentes de prácticas cuestionables
Los antecedentes respaldan esta percepción. AstraZeneca obtuvo recientemente una ampliación de la protección de patente de su medicamento oncológico Calquence mediante una estrategia jurídica basada en nuevos usos terapéuticos para leucemia y linfoma. Este tipo de maniobras permiten extender monopolios comerciales durante años y retrasan la entrada de genéricos que podrían reducir hasta en 80% el costo para pacientes y sistemas públicos de salud.
Johnson & Johnson, aunque públicamente apoya las estrategias del gobierno, ha sido señalada por presionar históricamente para influir en políticas regulatorias y comerciales en América Latina, priorizando la rentabilidad sobre el acceso a tratamientos médicos.
Sanofi, por su parte, enfrenta cuestionamientos por el acuerdo mediante el cual tomó control de infraestructura estratégica de Birmex para una planta de envasado de vacunas. Especialistas del sector consideran que ese convenio debilitó la capacidad productiva del Estado mexicano en biológicos, aumentando la dependencia de empresas extranjeras.
El dilema de la colaboración
La discusión de fondo es inevitable: mientras México busca fortalecer sus instituciones regulatorias y construir un sistema sanitario más eficiente, parte de la industria farmacéutica transnacional defiende un modelo donde la innovación y la cooperación solo son aceptables si preservan sus privilegios comerciales. El problema no es la colaboración con el gobierno; el problema es perder el control del negocio.
