El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien en marzo pasado fue uno de los perfiles mejor evaluados según Demoscópico Digital, ha sido señalado en una acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Este caso, que también involucra al gobernador Rubén Rocha Moya, abre un nuevo frente en la relación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
Detalles de la acusación
La investigación sitúa al edil dentro de una red de colaboración institucional con la facción conocida como Los Chapitos, integrada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, una de las estructuras más activas del crimen organizado en el noroeste de México.
Según el documento judicial, Gámez Mendívil habría desempeñado funciones esenciales dentro de la operación del cártel. La acusación sostiene que el alcalde presuntamente ordenó a la Policía Municipal de Culiacán proteger cargamentos de droga, tanto en su almacenamiento dentro de la ciudad como en su traslado hacia la frontera norte.
El expediente describe un esquema de corrupción estructural, en el que autoridades locales habrían facilitado la operación criminal mediante el uso de recursos públicos y el control de las corporaciones de seguridad.
Filtración de información y control territorial
Uno de los elementos más delicados del caso es la presunta filtración de información confidencial sobre operativos policiales y militares, incluidos aquellos coordinados con agencias estadounidenses. De acuerdo con la DEA, este flujo de información permitió consolidar el control territorial de Los Chapitos en Culiacán.
La agencia antidrogas sostiene que sin esta colaboración institucional, el dominio del grupo criminal no habría alcanzado el nivel observado en los últimos años.
La acusación describe un entorno en el que los integrantes del cártel podían operar con impunidad. En palabras del documento presentado por las autoridades estadounidenses:
"Presuntamente protegieron a los líderes del cártel de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento; proporcionaron información confidencial (...) y permitieron que miembros del cártel cometieran actos de violencia brutal sin consecuencias".
El señalamiento apunta a un patrón sistemático de protección institucional a cambio de beneficios aún no detallados completamente en el expediente público.
Cargos federales
El caso ha sido asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, quien ha encabezado procesos de alto perfil relacionados con el narcotráfico internacional. Gámez Mendívil enfrenta cargos por narcotráfico y delitos relacionados con armas, lo que podría derivar en sanciones severas si el proceso avanza en tribunales estadounidenses.
El fiscal federal Jay Clayton y el director de la DEA, Terrance C. Cole, confirmaron que el alcalde forma parte de un grupo de nueve acusados señalados por tráfico de drogas vinculado a Los Chapitos.
Aunque el alcalde permanece en México, la DEA ha reiterado su estrategia de presión internacional contra las redes que respaldan al crimen organizado. Este caso refuerza la percepción de que la corrupción en Sinaloa podría haber penetrado los niveles más altos de gobierno.
La inclusión de figuras políticas relevantes en investigaciones federales estadounidenses no solo tiene implicaciones judiciales, sino también un impacto directo en la credibilidad institucional y la estabilidad política de la entidad.
