Ante la controversia generada por las acusaciones de un tribunal del Distrito Sur de Nueva York contra diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos con presuntos nexos con el crimen organizado, el gobierno de Estados Unidos ha optado por guardar silencio y esperar los resultados de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
Coordinación para el Mundial 2026
Esta postura también considera la cercanía del inicio de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026, que requiere reforzar la cooperación entre las fuerzas de seguridad de México, Estados Unidos, Canadá y la FIFA. El doctor Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, explicó que "ellos no van a tensar los hilos mucho más porque se necesita mucha colaboración para el Mundial de fútbol, y tampoco quieren que venga público estadunidense a ver partidos y que sean agredidos por un público mexicano enardecido".
Benítez señaló que el silencio no solo proviene del presidente Donald Trump, sino de todo el gobierno federal estadounidense: "No hay declaración ni de Marco Rubio, ni del Consejo de Seguridad Nacional, ni de la Secretaría de Defensa o Guerra, nada. Están silenciados".
Tratamiento jurídico, no político
El investigador considera que Estados Unidos ve como suficiente las imputaciones compartidas por el fiscal Jay Clayton. "Es mucho más poderosa una petición de la Fiscalía de Nueva York que emisiones de declaraciones presidenciales que además son contradictorias", afirmó. Por ello, buscan un tratamiento jurídico, no político.
En contraste, la presidenta Claudia Sheinbaum ha manejado el tema políticamente con discursos nacionalistas, pero Benítez confía en que esto terminará pronto: "Está haciendo discursos muy nacionalistas, ellos lo saben perfectamente y no quieren fricciones".
Presencia de agencias estadounidenses
Previo al Mundial, ya hay agentes del FBI, la CIA y la DEA colaborando con la FIFA en la seguridad de Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Benítez advirtió que si las autoridades mexicanas no pueden acreditar las acusaciones, "sí va a ser un problemón", ya que en Estados Unidos la voz de un juez y un tribunal tiene mucho peso.
El investigador espera que la respuesta mexicana sea positiva: "Creo que estarían contentos mientras que les manden a uno o dos, pero tienen que ser el de deveras, el gobernador, no los de abajo".
Endurecimiento de la guerra contra las drogas
De acuerdo con la ley ejecutiva firmada por Trump, la justicia estadounidense busca no solo frenar el trasiego de drogas, sino también "la eliminación de los traficantes, así dice, la supresión completa del negocio incluidos los que lo realizan". Benítez considera que esto implica un endurecimiento del discurso y que Estados Unidos quiere que México opere bajo sus reglas, aunque descarta una intervención directa por la interdependencia entre ambos países.
