El Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, informó este viernes que endurecerá sus políticas para cumplir con las sentencias de reos condenados a la pena capital. Ante las dificultades para conseguir fármacos para la inyección letal, se restaurarán métodos como el pelotón de fusilamiento, la electrocución y la asfixia por gas, que habían sido considerados inhumanos y dejados de usar.
Nuevas medidas para ejecuciones federales
Un reporte del Departamento de Justicia, difundido por CNN y Reuters, detalla que se reactivarán estos métodos para cumplir las sentencias de tribunales federales, en línea con la promesa de Trump de reanudar las ejecuciones durante su segundo mandato. En su primera administración, ya había reanudado las ejecuciones tras una pausa de 20 años, ejecutando a 13 presos federales mediante inyección letal.
El fiscal general, Todd Blanche, informó que ya se autorizó la ejecución de nueve reos. “Entre las medidas adoptadas se encuentran reactivar el protocolo de inyección letal utilizado durante la primera administración Trump, la ampliación del protocolo para incluir formas adicionales de ejecución, como el pelotón de fusilamiento, y la racionalización de los procesos internos para agilizar los casos de pena de muerte”, señala un comunicado.
Métodos alternativos ante la escasez de fármacos
Blanche explicó que se ordenó a la Oficina de Prisiones cambiar su protocolo “para incluir otros métodos de ejecución constitucionales que actualmente están previstos por la legislación de algunos estados”. Entre ellos, los más antiguos como el pelotón de fusilamiento y la electrocución, así como un nuevo método de asfixia por gas, introducido por primera vez en Alabama en 2024.
“Esta modificación contribuirá a garantizar que el Departamento esté preparado para llevar a cabo ejecuciones legales incluso si no se dispone de un fármaco específico”, afirmó Blanche.
Cinco estados permiten la ejecución por pelotón de fusilamiento: Carolina del Sur, Idaho, Misisipi, Oklahoma y Utah, para aquellos condenados que han agotado su proceso de apelación. En marzo, un hombre de Carolina del Sur, condenado por un doble asesinato, se convirtió en la cuarta persona ejecutada por este método desde la década de 1970.
Justicia para las víctimas
“La administración anterior (de Joe Biden) incumplió su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a perseguir y aplicar la pena máxima contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de agentes del orden”, afirmó Blanche. “Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Justicia vuelve a hacer cumplir la ley y a solidarizarse con las víctimas”.
Agilización de procesos y nuevas instalaciones
El Departamento también busca “agilizar el proceso para solicitar sentencias de muerte” y reducir los años entre la condena y la ejecución. El informe considera la electrocución y el gas letal como métodos que “el Tribunal Supremo avaló como compatibles con la Octava Enmienda”, que prohíbe castigos crueles e inusuales.
El comunicado oficial señala que estos métodos buscan disuadir crímenes graves y acelerar la aplicación de sentencias, tras años de restricciones y moratorias durante el gobierno de Biden, que redujo a mínimos históricos las ejecuciones federales. Además, el Departamento de Justicia estudia construir nuevas instalaciones para ejecuciones y cambios regulatorios para limitar el acceso de los condenados a peticiones de clemencia, según CBS News y CNN.
Reducción de plazos de apelación
Por órdenes de Trump, el Departamento de Justicia plantea reducir sustancialmente los plazos de apelación federal en casos de pena capital estatales, con el objetivo de aprobar normas que acorten en años el tiempo entre la condena y la ejecución. También se revisa una regulación que prohíba a los condenados presentar peticiones de clemencia o indultos federales antes de agotar sus recursos legales en primera instancia y apelaciones colaterales, según The New York Times.
Antecedentes de la administración Biden
El exfiscal general Merrick Garland, durante la administración de Biden, impuso una moratoria indefinida sobre las ejecuciones federales y prohibió el uso de pentobarbital para la inyección letal, argumentando que causaba “dolor y sufrimiento innecesario”. Entre los cambios destacados, se conmutaron las sentencias de 37 de los 40 presos federales en el corredor de la muerte a cadena perpetua sin libertad condicional, según The New York Times y Reuters. Tres reos quedaron excluidos: los responsables de los atentados de la maratón de Boston en 2013, el supremacista blanco que asesinó a nueve personas en la Iglesia Africana Emanuel en Charleston en 2015, y el autor del tiroteo en la sinagoga Tree of Life en Pittsburgh en 2018.
