La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México recibió del gobierno de Estados Unidos varias solicitudes de detención provisional con fines de extradición un día antes de que el Departamento de Justicia estadounidense hiciera pública el acta de imputación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y políticos cercanos al morenista, acusados de trabajar con el Cártel de Sinaloa.
Detalles de las solicitudes
Según un comunicado de la SRE, las solicitudes fueron enviadas el 28 de abril a las 18 horas, horas antes de que se difundiera la imputación ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York. La dependencia, ahora dirigida por Roberto Velasco Álvarez, señaló que los documentos no cuentan con elementos de prueba para determinar la responsabilidad de las personas solicitadas.
La Cancillería trasladó las solicitudes a la Fiscalía General de la República (FGR) para que determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes. Además, la SRE expresó su queja por la forma en que se dio a conocer la información, ya que el Departamento de Justicia y la embajada de Estados Unidos en México difundieron ampliamente el comunicado, violando la confidencialidad establecida en los tratados vigentes.
Reacción del gobierno mexicano
El gobierno de Claudia Sheinbaum sabía desde el día anterior que estallaría una grave crisis política tanto a nivel interno como en la relación bilateral. La Cancillería anunció que enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por la difusión de la información. La SRE enfatizó que, en los tratados vigentes, hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información relativa a las solicitudes de extradición.
Acusaciones contra Rocha Moya
El acta de imputación señala a Rubén Rocha Moya junto con nueve figuras públicas de Sinaloa, entre ellas el senador morenista Enrique Inzunza Cazarez, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, y el secretario de finanzas del gobierno de Sinaloa, Enrique Díaz Vega. También se acusa al vicefiscal Damaso Castro Zaavedra, al jefe de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Aviles y su sucesor Alberto Jorge Contreras Núñez, así como a Gerardo Merida Sánchez, secretario de Seguridad Pública de Rocha entre 2023 y 2024, José Antonio Dionisio Hipolito, director de la policía estatal entre 2017 y 2022, y Juan Valenzuela Millán, comandante de la policía municipal de Culiacán.
La SRE no detalló la identidad de las personas cuya detención fue solicitada, pero reiteró que la FGR evaluará la viabilidad de las solicitudes conforme a la legislación mexicana.
