La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cumplimentó órdenes de aprehensión en el estado de Sonora contra Jesús Said Rochín Aguilar y Claudia Marina Ruiz Carreón. Ambos son señalados por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y trata de personas, vinculados al grupo criminal conocido como “Los Salazar” o “Cártel Independiente de Sonora”, también identificado como “Los Paredes”.
Investigaciones revelan operación criminal en la frontera
Las indagatorias de campo permitieron determinar que en la zona limítrofe entre México y Estados Unidos operaba esta organización criminal transnacional de alto perfil, la cual posiblemente actúa como brazo armado del Cártel de Sinaloa. Sus actividades ilícitas principales incluyen el tráfico de migrantes y el trasiego de drogas. Los detenidos habrían desempeñado funciones de administración, supervisión y dirección dentro de la estructura delictiva.
Claudia Marina, la presunta mano derecha
Claudia Marina Ruiz Carreón, quien sería la pareja sentimental de Jesús Said Rochín Aguilar, operaba como su mano derecha, presuntamente encargándose de labores administrativas y logísticas en las operaciones de tráfico de personas.
La coordinación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), permitió ubicar dos inmuebles en el municipio de Nogales, Sonora. Estos lugares eran utilizados presuntamente para reuniones y planeación de actividades ilícitas.
Durante el operativo, agentes de la AIC y la SSPC, en colaboración con la SEDENA, se presentaron en los domicilios situados en las colonias Las Praderas y Del Rosario, ambos en Heroica Nogales. Ahí se ejecutaron las dos órdenes de aprehensión.
Las autoridades señalan que los detenidos son probables integrantes de un grupo criminal enfocado en el tráfico de migrantes y drogas. Al momento de su captura, se les leyó la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, respetando el debido proceso y sus derechos humanos. Posteriormente, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que definirá su situación legal.
