El fiscal federal Jay Clayton presentó una acusación de 34 páginas contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios por tráfico de drogas y armas en complicidad con 'Los Chapitos' del Cártel de Sinaloa. En el documento se detallan los montos mensuales que supuestamente recibían los acusados.
Montos en pesos mexicanos
La acusación menciona las cantidades en dólares, pero al convertirlas a pesos mexicanos se dimensiona el alcance de la corrupción. Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, recibía 100 mil dólares mensuales (1.8 millones de pesos) por alertar a 'Los Chapitos' sobre redadas y proteger a miembros del cártel.
Juan Valenzuela Millán, alias 'Juanito', comandante de la Policía Municipal de Culiacán, recibía 41 mil dólares mensuales (738 mil pesos) a cambio de información, patrullas y radios, además de asistir directamente al cártel en asesinatos y secuestros.
Otros funcionarios implicados
- Marco Antonio Almanza Avilés, ex jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, recibía 16 mil dólares mensuales (300 mil pesos) por facilitar el transporte de fentanilo y capturar a rivales del cártel.
- Dámaso Castro Zaavedra, actual Vicefiscal General de la Fiscalía de Sinaloa, recibe 11 mil dólares al mes (200 mil pesos) por información sobre operativos.
- Juan de Dios Gámez Mendívil, actual alcalde de Culiacán, recibe 10 mil dólares mensuales (180 mil pesos) para permitir las operaciones de 'Los Chapitos'.
- José Antonio Dionisio Hipólito, alias 'Tornado', comandante de la Policía Estatal, recibe 5 mil 500 dólares (100 mil pesos).
La acusación incluye imágenes de narconóminas escritas a mano, similares a las halladas en la cabaña donde capturaron a Nemesio Oseguera 'El Mencho'. Según el fiscal Clayton, el Cártel de Sinaloa ayudó a Rocha Moya a ganar la elección intimidando a sus rivales. Esta red de complicidades trasciende partidos políticos y refleja un narcoestado. Resulta increíble que sumas de dinero, propiedades y bienes materiales basten para vender una entidad a plazos, con un saldo de cientos de homicidios y desaparecidos. Sinaloa fue entregado al mejor postor, y probablemente no es el único estado en esa situación.
