Un juez de control en Cuautla, Morelos, dictó vinculación a proceso contra Jorge Armando “N”, presidente municipal de Tlalnepantla, por su probable responsabilidad en los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de personas menores de edad. La medida cautelar impuesta es la prisión preventiva oficiosa, por lo que el edil permanecerá interno en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Cuautla mientras se desarrolla la investigación complementaria.
Detalles de la audiencia
Durante la audiencia celebrada el sábado en la Ciudad Judicial de Cuautla, el juzgador determinó no vincularlo a proceso por el delito de violación, al considerar que en esta etapa no se reunieron los elementos suficientes para sostener esa imputación con base en los datos de prueba expuestos. La imputación inicial contemplaba tres delitos, pero la autoridad judicial procedió únicamente por dos, descartando el de violación en esta fase.
Hechos que originaron la investigación
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron el 25 de abril, cuando el imputado fue detenido en flagrancia por elementos policiacos, presuntamente al momento de agredir a un adolescente en un predio ubicado a un costado de la carretera Yautepec–Tlayacapan. Tras la detención, fue puesto a disposición del Ministerio Público junto con los indicios recabados, lo que derivó en la integración de la carpeta de investigación posteriormente judicializada.
Pruebas presentadas
En la audiencia se expusieron diversos datos de prueba, entre ellos peritajes médicos y declaraciones ministeriales, que fueron valorados por el juez para sostener la vinculación a proceso por los delitos vigentes. El órgano jurisdiccional fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que las partes podrán ampliar o desahogar pruebas. La medida cautelar de prisión preventiva se mantendrá durante el desarrollo del proceso penal.
Postura de la defensa
El abogado Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, representante legal del edil, sostuvo en entrevista que la resolución se sustentó en pruebas inconsistentes. Señaló que la Fiscalía basó la acusación en una segunda declaración del menor presuntamente afectado, que —afirmó— fue obtenida sin cumplir los protocolos legales ni contar con personal especializado. De acuerdo con su versión, en una primera declaración el menor negó la existencia de algún hecho delictivo; posteriormente se recabó un segundo testimonio que dio sustento a la imputación.
Añadió que no existen otros datos de prueba que respalden la acusación y que las evaluaciones psicológicas y médicas resultaron negativas, sin indicios de lesiones físicas o de carácter sexual. Indicó que la defensa promoverá recursos legales en el ámbito estatal y federal, incluida la impugnación de la vinculación a proceso y amparos contra la medida cautelar y el control de la detención, este último por presuntas inconsistencias en la actuación policial. El litigante subrayó que la vinculación a proceso no implica culpabilidad y adelantó que buscarán acreditar que los hechos no ocurrieron como los plantea la Fiscalía.
