Juan Antonio Olmeda Belmontes desapareció el 26 de junio de 2016 en la colonia Jocotán, Zapopan. Desde el primer momento, su madre, María Concepción Belmontes Carmona, conocida como Conchita, inició una búsqueda incansable. Acudió a la Fiscalía General del Estado —cuando aún no existían la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas ni la Comisión Estatal de Búsqueda—, al Servicio Médico Forense, hospitales, y posteriormente recorrió fosas clandestinas y se unió a los colectivos de familiares que ya existían.
Lamentablemente, la creación de colectivos de familiares se ha multiplicado, al igual que las desapariciones en Jalisco. Y junto con el aumento sustancial en la cifra de desaparecidos, crece otra crisis asociada: la crisis forense, saturada y trabada en la identificación de cuerpos, que produce historias dolorosas, terribles e indignantes como la del hijo de Concepción Belmontes.
El cuerpo de Juan Antonio fue hallado en una fosa clandestina apenas unos días después de su desaparición, el 1 de julio de 2016. Sin embargo, pasaron 3 mil 601 días para que su madre supiera que su hijo siempre estuvo en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). La noche del 8 de mayo de 2026, doña Conchita recibió una llamada del IJCF citándola a una mesa de trabajo al día siguiente. Extrañada por la premura, se sorprendió aún más cuando, antes de la reunión, fue recibida por una psicóloga del instituto. Allí le informaron que un fragmento de hueso de su hijo había dado positivo con las muestras de ADN de la familia. Le explicaron que el cuerpo de Juan Antonio se encontraba en el IJCF desde julio de 2016, que en 2019 se extrajeron muestras de ADN, y que a finales de 2025 se identificó, pero la Fiscalía General del Estado retrasó seis meses un trámite judicial para notificarle.
Doña Conchita quedó desconcertada: "Decir que desde 2016 mi hijo llega a Ciencias Forenses y apenas me están dando un dictamen de que mi hijo todo el tiempo estaba ahí… eso no lo puedo entender, no lo puedo creer", relató a Milenio (15 de mayo de 2026). El director del IJCF, Axel Rivera, justificó el retraso de diez años argumentando que el uso de ácido dificultó la identificación, y negó que se debiera a indolencia institucional. Pero esta explicación no fue suficiente para la familia ni para otras madres que han enfrentado las trabas burocráticas de la crisis forense en Jalisco.
Por ello, la tarde-noche del viernes 15 de mayo, las familias se manifestaron cerrando la avenida Lázaro Cárdenas frente al IJCF. Al recibir citas hasta el lunes, se indignaron por la falta de respuestas inmediatas. Un grupo de madres del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco irrumpió en el instituto exigiendo respuestas. Hubo forcejeos e insultos. ¿Alguien puede reprocharles su molestia, su respuesta airada después de lo vivido? ¿Alguien puede recriminarles que cierren calles o irrumpan en instalaciones donde podrían estar sus hijos? Nadie. Solo ellas conocen el inmenso dolor que vivió Conchita durante diez años, un dolor que pudo haberse evitado si le hubieran informado a tiempo que su hijo estaba en el Semefo.
A sus hijos los están desapareciendo dos veces: primero cuando se los llevan, y segundo cuando no los buscan o identifican a tiempo por negligencias burocráticas. Las madres reconocen el buen trabajo de varios funcionarios, pero sus manos no alcanzan para la inmensa tarea pendiente que implica enfrentar la crisis forense. Por eso exigen más personal y más recursos para resolver este problema tan sensible. Hay mucho hartazgo social, mucha rabia ante la crisis de desapariciones y la crisis forense. No se extrañen de más protestas alentadas por este hartazgo.
