La diputada del PAN, Nancy Olguín, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para combatir la suplantación de identidad digital, delito que creció 84% en México durante 2024, según datos presentados por la legisladora. La propuesta busca tipificar este delito con penas de cuatro a ocho años de prisión, así como establecer agravantes cuando se utilice inteligencia artificial o deepfakes para manipular la imagen o voz de las víctimas.
Urgencia de un marco legal actualizado
Olguín señaló que México es uno de los países con mayor incidencia de suplantación digital, pero su marco jurídico está rezagado. “Nuestra pantalla es ahora el espacio principal para ejercer derechos y gestionar nuestro patrimonio. Sin embargo, esta transformación tecnológica no debe ser una brecha de vulnerabilidad”, afirmó. La iniciativa propone añadir el artículo 387 BIS al Código Penal Federal para proteger la identidad personal como un derecho humano autónomo.
Impacto económico y emocional
La diputada destacó que las pérdidas por suplantación de identidad superan los 14 mil 500 millones de pesos para las familias mexicanas, afectando patrimonio, reputación e integridad emocional. “Actualmente, las víctimas enfrentan un calvario porque la ley federal protege la fe pública y no la identidad personal”, explicó.
Medidas inmediatas contra el fraude digital
La reforma también facultaría a los jueces para ordenar el bloqueo inmediato de cuentas y perfiles desde el momento de la denuncia, deteniendo el daño en tiempo real. “Su identidad es su vida y no debemos permitir que sea secuestrada por la delincuencia digital”, enfatizó Olguín.
Protección de recursos públicos en el entorno digital
La iniciativa incluye la adición de un décimo párrafo al artículo 134 constitucional para prohibir el uso de recursos públicos en la promoción personalizada de servidores públicos en redes sociales. “El dinero de los mexicanos debe servir para salud, seguridad, infraestructura, no para alimentar granjas de bots o publicidad engañosa”, señaló. La propuesta busca cerrar lagunas que permiten estrategias de amplificación que rompen la equidad en contiendas electorales.
Olguín concluyó: “México requiere ya de un marco jurídico como cimiento de un país digital seguro, justo y responsable. Los invito a sumarse a esta lucha: ni una identidad robada más, ni un peso público para el lucimiento personal”.
