Continúa proceso judicial contra agentes por caso Arantepacua en Michoacán
La audiencia de control contra los cinco policías detenidos por su presunta participación en el caso Arantepacua en Michoacán avanzó este 12 de abril, con una decisión judicial significativa. El juez de control decretó prisión preventiva oficiosa para todos los imputados, aunque aceptó la solicitud de la defensa para duplicar el término constitucional a 144 horas.
Detalles del desarrollo de la audiencia
La audiencia, que comenzó el sábado y se reanudó este día por la mañana tras un receso solicitado por la defensa, ha sido extensa. Durante aproximadamente 12 horas, los agentes del Ministerio Público de Michoacán presentaron los 237 datos de prueba que conforman la carpeta de investigación con folio 22/2017, solicitando formalmente la vinculación a proceso de los acusados.
El juez fijó como fecha para la continuación de la audiencia el 15 de abril a las 09:00 horas, momento en que se definirá la situación jurídica de los imputados. Cabe destacar que la detención de los policías fue previamente declarada legal por la autoridad judicial.
Delitos imputados a los agentes
Los cargos presentados varían entre los acusados, pero incluyen delitos graves:
- En el caso de Marco Antonio “N”, Azahel “N” y Bulmaro “N”, se les imputa homicidio calificado, abuso de autoridad contra la administración de justicia y tortura.
- Para el exdirector de Tránsito, Jorge “N”, y el comandante del Agrupamiento de Restablecimiento del Orden Público, Juan Carlos “N”, los delitos son homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura.
Características del procedimiento y contexto
La audiencia se ha desarrollado bajo condiciones específicas. A petición de los agentes del Ministerio Público, es privada, sin acceso a los medios de comunicación, lo que ha generado expectativa y cierto hermetismo en torno al caso.
Mientras tanto, en el exterior del recinto judicial, se han registrado manifestaciones de comuneros, evidenciando la sensibilidad y el interés público que despierta este proceso, el cual está vinculado a eventos ocurridos en Arantepacua, Michoacán, hace casi nueve años.
Este caso representa un capítulo significativo en los esfuerzos por abordar presuntas violaciones a derechos humanos y abusos de autoridad en la entidad, marcando un paso crucial en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias.
