Dos exfuncionarios de la extinta Policía Federal, vinculados al exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, fueron inhabilitados por hasta 20 años por el presunto desvío de 65 millones de dólares. El dinero estaba destinado a un contrato de espionaje con la empresa israelí Rafael Advanced Defense System LTD, firmado en diciembre de 2015.
Inhabilitaciones y sanciones económicas
La Secretaría Anticorrupción del gobierno federal informó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso una sanción de 20 años de inhabilitación a Frida Martínez Zamora, exsecretaria general de la Policía Federal, y 15 años a Damián Canales Mena, extitular de la División de Inteligencia. Ambos no podrán desempeñar cargos, empleos o comisiones en el servicio público. Además, se les impuso una sanción económica equivalente al daño patrimonial causado: 65 millones de dólares.
Denuncia penal y proceso judicial
Los hechos fueron denunciados penalmente y están bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR). El contrato original ascendió a 133 millones de dólares, pero las faltas administrativas graves implicaron el desvío de más de 65 millones destinados al cumplimiento del pedido.
Trayectoria de los sancionados
Frida Martínez fue operadora principal de Osorio Chong. En 2002, con Osorio como secretario de Gobierno de Hidalgo, se le asignó la patente de notaria adscrita de la Notaría 13 de Pachuca. Posteriormente, como gobernador, Osorio la designó directora de Recursos Materiales. En el gobierno federal, fue titular de Administración en el CISEN y luego en la Policía Federal. Es señalada como presunta responsable de compras irregulares de aeronaves, patrullas, tecnología y software de espionaje.
Damián Canales fue la mano operativa de Osorio en seguridad. Al llegar a Gobernación, Osorio lo colocó como jefe de Inteligencia de la Policía Federal. Canales fue secretario de Seguridad Pública en Hidalgo durante el gobierno de Osorio (2005-2011), periodo en que el cártel de Los Zetas controló actividades ilícitas en el estado, con señalamientos de protección local. Ambos son investigados por la FGR por la compra a sobreprecio del programa de espionaje a la empresa Advance Defense Systems Ltd, con sede en Tel Aviv.
