Habitantes del municipio de Chilapa, en Guerrero, han denunciado que elementos de las policías comunitarias, pertenecientes a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), han incurrido en actos de violencia, incluyendo despojos de tierras, agresiones físicas y amenazas. Las quejas se han multiplicado en las últimas semanas, generando un clima de tensión en la región.
Denuncias de abusos
Los afectados señalan que los grupos de autodefensa, que originalmente surgieron para combatir la delincuencia, ahora estarían cometiendo abusos contra la población civil. Entre los incidentes reportados se encuentran el desalojo forzado de familias de sus propiedades, así como golpizas a personas que se negaron a acatar sus órdenes. Las víctimas han presentado denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado, pero aseguran que las investigaciones avanzan con lentitud.
Respuesta de las autoridades
El gobierno estatal ha informado que ya se han iniciado investigaciones para esclarecer los hechos. La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero indicó que mantiene comunicación con los líderes de la CRAC para evitar que se repitan estos incidentes. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han criticado la falta de acción contundente y han exigido que se garantice la seguridad de los habitantes de Chilapa.
Por su parte, representantes de la CRAC han negado las acusaciones y aseguran que sus elementos actúan dentro del marco de la ley. No obstante, reconocen que podrían existir casos aislados de malas prácticas y que están dispuestos a colaborar con las autoridades para depurar sus filas.
Antecedentes de violencia en la región
Chilapa ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos criminales y fuerzas de seguridad en los últimos años. La presencia de las policías comunitarias se había visto como una alternativa para contener la violencia, pero ahora surgen dudas sobre su efectividad y legitimidad. La situación ha llevado a que algunos ciudadanos pidan la intervención de la Guardia Nacional para restablecer el orden.
Mientras tanto, las comunidades afectadas continúan organizándose para exigir justicia y el cese de los abusos. Se espera que la Fiscalía dé a conocer los avances de las investigaciones en los próximos días.
