Alcalde de Tequila enfrenta cargos graves por delincuencia organizada y secuestro agravado
En un desarrollo judicial de alto impacto, Diego Rivera Navarro, alcalde del municipio de Tequila en el estado de Jalisco, fue vinculado a proceso este 10 de febrero por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado. La audiencia federal, celebrada en el marco de una investigación profunda, también resultó en el procesamiento de dos de sus colaboradores directos dentro del ayuntamiento, marcando un episodio oscuro en la administración pública local.
Detalles del proceso judicial y los implicados
Durante la audiencia, un juez federal tomó la decisión de reclasificar los delitos imputados como delincuencia organizada con fines de secuestro, agregando el agravante de que los hechos habrían sido cometidos por servidores públicos en ejercicio de sus funciones. Junto al presidente municipal, fueron vinculados a proceso Juan Gabriel “N”, director de Licencias del ayuntamiento, y Juan Manuel “N”, comisario municipal. Los tres enfrentan acusaciones por su probable participación en el secuestro de un precandidato a la presidencia municipal de Tequila, su suplente y un artesano, un caso que ha conmocionado a la comunidad.
El juez concedió un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, con el objetivo de fortalecer las pruebas y argumentos del caso. Además, ratificó la prisión preventiva justificada contra los imputados, asegurando que permanezcan bajo custodia mientras avanza el proceso legal. Esta medida refleja la gravedad de los cargos y la necesidad de garantizar la justicia en un asunto que involucra a figuras públicas.
Investigaciones adicionales y vínculos delictivos
Las indagatorias en curso señalan que el alcalde Diego Rivera Navarro está bajo investigación por presuntamente operar esquemas de extorsión dirigidos a empresas cerveceras y tequileras en Jalisco, un sector económico vital para la región. Estas acusaciones sugieren un abuso de poder que podría tener repercusiones significativas en la industria local. Asimismo, se le vincula de manera probable con una célula delictiva con origen en Jalisco, lo que amplía el alcance de las investigaciones hacia redes más extensas de criminalidad.
Las autoridades federales continúan con el proceso legal y el periodo de investigación complementaria, trabajando para recopilar evidencia sólida que respalde los cargos. Será en los próximos meses cuando se determine cómo avanza el proceso judicial contra estos funcionarios municipales, un caso que podría sentar precedentes en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en México.
Este episodio subraya los desafíos persistentes en materia de seguridad y gobernabilidad en Jalisco, un estado que ha enfrentado múltiples incidentes relacionados con la delincuencia. La comunidad de Tequila, conocida por su patrimonio cultural y económico, ahora se enfrenta a la sombra de estas acusaciones, esperando que la justicia prevalezca y se restaure la confianza en las instituciones públicas.
