La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, anunció la creación de una unidad especial de investigación para esclarecer el presunto operativo conjunto con agencias estadounidenses contra el narcotráfico, en medio de cuestionamientos del Gobierno federal sobre la legalidad de esa colaboración.
Designación de la fiscal
Campos informó que designó a Wendy Paola Chávez Villanueva, actual titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en el estado, para encabezar la nueva unidad investigadora. La mandataria estatal sostuvo que Chávez Villanueva ha tenido “extraordinarios resultados” en la procuración de justicia para las mujeres en Chihuahua y afirmó que su trayectoria garantizará “objetividad y total profesionalismo” en el esclarecimiento de los hechos.
Declaraciones de la gobernadora
La gobernadora señaló que la fiscal designada informará a la opinión pública, dentro de sus atribuciones legales, sobre los avances y resultados de las investigaciones. “Mi gobierno no hará ningún pronunciamiento sobre el curso de las investigaciones”, dijo Campos, al argumentar que busca salvaguardar la integridad del proceso.
Campos también vinculó el caso con el desmantelamiento de un narcolaboratorio, al que calificó como un golpe de alto impacto económico para el crimen organizado, porque, según dijo, evitó que millones de dosis de cristal y otras drogas llegaran a las calles. “Esto se traduce en menos adicciones, menos violencia asociada al narcomenudeo y menos deterioro en nuestras familias”, afirmó.
Reunión con el secretario de Seguridad federal
El anuncio ocurre después de que Campos se reuniera con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, para reafirmar la coordinación entre el Gobierno estatal y el Gobierno federal. En una publicación en X, la gobernadora dijo que seguirá fortaleciendo la colaboración “con diálogo, confianza y responsabilidad institucional, siempre en defensa de la soberanía e integridad” de México.
Posturas encontradas
Desde Chihuahua y Palacio Nacional en torno al caso, el Gobierno de Chihuahua sostiene que los estadounidenses eran instructores de la Embajada, no agentes operando en campo, y niega que hayan participado directamente en el operativo contra narcolaboratorios. Afirma que la acción fue realizada por autoridades mexicanas (Ejército y Fiscalía estatal). Busca coordinarse con el Gobierno federal y bajar la tensión del caso, anuncia investigación interna y limita declaraciones públicas.
Por su parte, el Gobierno de México reitera que no se permite a agentes extranjeros operar en México, señala que no hubo autorización federal para su presencia en ese contexto, atribuye la falla al Gobierno de Chihuahua por gestionar la colaboración, insiste en que toda cooperación debe pasar por instancias federales y advierte que se investigará si hubo violación a la ley o a la soberanía.
