El último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no describe una crisis aislada, sino un sistema de reemplazo generacional del crimen organizado. Más de 18 mil menores han sido reclutados por los cárteles en México.
Menores convertidos en herramientas del crimen
Niñas convertidas en mensajeras, niños usados como halcones; a los trece años se entra al cártel, a los catorce se aprieta el gatillo. El dato rompe cualquier discurso de normalidad: el narco ya no solo disputa plazas; disputa a la infancia.
El informe de la CIDH documenta secuestros, amenazas y reclutamientos forzados, pero también retrata otra realidad más incómoda: los adolescentes “aceptan” entrar porque carecen de alternativas. La pobreza, la violencia familiar y la exclusión social funcionan como campo de cultivo; el crimen organizado ya no necesita solamente imponer miedo; ahora administra oportunidades donde el Estado ha dejado un vacío enorme.
Fracaso institucional y abandono
El llamado “reclutamiento voluntario” es la expresión más brutal del fracaso institucional. Un menor no nace criminal; llega ahí después de una cadena de ausencias públicas, impunidad y abandono. El gobierno mexicano enfrenta otro diagnóstico internacional severo que habla de menores convertidos en fuerza de combate.
Cuando una nación permite que los cárteles recluten niños, el problema deja de ser únicamente de seguridad. A lo que el Estado no protege, el crimen lo ilumina.
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