Una semana después de los ataques armados con armas de alto poder y bombas, las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, permanecen abandonadas y con un ambiente de muerte. La zona sigue desolada, con presencia únicamente de fuerzas federales y estatales, y las clases en al menos 15 localidades han sido suspendidas.
Refugiados en Alcozacán
Los pocos pobladores que se mantienen refugiados en Alcozacán, sede del Concejo Indígena y Popular Guerrerense-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF-PC), no confían en regresar por temor a nuevos ataques. Su futuro es incierto. “Ocho días acá andamos, como perros callejeros, como si no tuviéramos casa, pero no queremos regresar, tenemos miedo”, comenta una pareja de adultos mayores de Tula, que solo pudo rescatar seis gallinas, un manojo de ajos y una mochila con pocas pertenencias.
La situación en Tula
El domingo 17 de mayo, en Tula, una comunidad de no más de 30 familias, Rafael Julián Arcos, director General de Gobernación del estado, supervisó la salida de dos familias que regresaron por sus enseres y animales. Fueron escoltadas por la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Un agente impidió entrevistar a un vecino que quería denunciar la situación a la presidenta Claudia Sheinbaum. El oficial confirmó que la comunidad estaba vacía y sin servicios públicos.
Después de la salida de las últimas familias, Tula quedó en soledad y tensa calma. Se percibía olor a ahumado y animales putrefactos. Hay viviendas quemadas, puertas vacías y tanques de gas abandonados. En los campos yacen cuerpos de animales muertos, mientras zopilotes merodean. Un perro cachorro busca comida entre las cenizas. El jardín de niños “Imperio Azteca” permanece abierto y abandonado. La comisaría y una vivienda adjunta también están quemadas.
Otras comunidades afectadas
Tula sigue vacío; en Xicotlán solo 40 de los 1,200 habitantes han regresado; en Acahuehuetlán las familias ya se fueron; en Alcozacán hay unas 30 personas refugiadas, el resto permanece resguardado en sus casas. Durante seis días de ataques (del 6 al 11 de mayo), el CIPOG-EZ reportó seis muertos, seis heridos (incluyendo dos bebés y una mujer) y cinco desaparecidos.
Respuesta del gobierno
El gobierno estatal de Evelyn Salgado, a través del subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez, hizo un llamado al entendimiento y la concordia. “El interés superior es la tranquilidad de las comunidades, de las mujeres, niñas, niños y adultos mayores”, afirmó. La Fiscalía General del Estado continúa las investigaciones. El gobierno estatal aseguró que hay más de mil elementos de seguridad y llevó colchonetas y despensas, pero la incertidumbre y desconfianza persisten.
Suspensión de clases
Alrededor de 15 comunidades en la zona de Atzacoaloya a Hueycantenango no tendrán clases por falta de servicios y temor de maestros y alumnos.
Antecedentes de violencia
Desde 2015, comunidades de Chilapa y José Joaquín de Herrera se adhirieron a la CRAC-PF y formaron policías comunitarias para defenderse. Luego surgió el CIPOG-EZ, pero hubo fracturas internas orquestadas por el gobierno estatal. Ambas organizaciones han sido estigmatizadas y atacadas. En una década, el CIPOG-EZ contabiliza más de 80 homicidios y al menos 30 desaparecidos. El 22 de enero, el CIPOG anunció una alianza con la UPOEG para recuperar comunidades, pero fue acusado de nexos con Los Rusos. Dos meses después, el líder Jesús Placido Galindo dio por terminada la alianza y se deslindó de grupos delictivos.
