El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha emitido una directiva que instruye a 93 fiscales federales a implementar una nueva táctica agresiva contra funcionarios y políticos mexicanos presuntamente coludidos con la delincuencia organizada. Según el diario New York Times, esta estrategia busca triplicar el número de imputaciones contra servidores públicos, basándose en la designación de seis carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales.
Directiva del Departamento de Justicia
La orden fue comunicada durante una conferencia el pasado miércoles 13, donde Aakash Singh, fiscal general adjunto de la Fiscalía General, emitió instrucciones descritas como “franca y sorprendentemente no diplomáticas”. Singh habría declarado: “Si esta acción es mal recibida por el gobierno de México y se sienten ofendidos por lo que hacemos, no hay nada que me importe menos”. Además, añadió que “si los avergonzamos o los incomodamos en este proceso, sería la cereza sobre el pastel”.
Reacciones y contexto
Esta medida se enmarca en una agenda bilateral tensa, marcada por señalamientos directos de funcionarios de Trump hacia México y una serie de reportajes en la prensa estadounidense. La designación de los carteles como organizaciones terroristas permite a los fiscales utilizar herramientas legales más amplias, incluyendo la Ley de Enjuiciamiento de Organizaciones Terroristas Internacionales, para procesar a funcionarios corruptos.
El New York Times destaca que esta política de mano dura busca presionar al gobierno mexicano para que tome acciones más contundentes contra el narcotráfico y la corrupción. Sin embargo, expertos advierten que podría generar fricciones diplomáticas y complicar la cooperación bilateral en materia de seguridad.
Implicaciones legales
La aplicación de leyes antiterroristas contra funcionarios mexicanos representa un cambio significativo en la estrategia de Estados Unidos. Hasta ahora, los casos de corrupción se manejaban principalmente bajo leyes de soborno y lavado de dinero. La nueva directiva permite a los fiscales buscar penas más severas, incluyendo cadena perpetua o incluso la pena de muerte en casos extremos.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el posible uso de estas leyes de manera selectiva o política. No obstante, el Departamento de Justicia defiende la medida como necesaria para combatir la influencia de los carteles en el gobierno mexicano.
