El líder criminal Juvenal “N”, alias “El Padrino”, permanece recluido en el Cefereso 11 en Hermosillo, Sonora, pero mantiene una intensa disputa legal para recuperar el Bar Adelitas en Tijuana, Baja California. Este inmueble fue identificado por las autoridades federales como el principal centro de operaciones de una red internacional de trata de personas.
Ganancias millonarias por explotación sexual
De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el Bar Adelitas generaba ganancias de hasta 100 millones de pesos mensuales provenientes de la explotación sexual de decenas de víctimas. La estrategia jurídica impulsada por la defensa de “El Padrino” busca reactivar el establecimiento para obtener recursos económicos que financien su defensa legal y sostengan a integrantes de la organización que están prófugos.
Jueza impulsa la devolución del inmueble
La jueza Decimosexta de Distrito en Baja California, María del Carmen Mondragón Rodríguez, es una de las principales impulsoras de la devolución del inmueble a la presunta red criminal. A pesar de que ya existía una fecha fijada para la audiencia, ordenó modificarla a petición de la defensa de “El Padrino”.
Detención de “El Padrino”
Juvenal “N” fue detenido en la colonia Nueva Escocia, en Guadalajara, Jalisco, durante un operativo conjunto encabezado por la Secretaría de Marina (SEMAR), la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional. Es considerado un objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
Litigio en curso
El litigio se desarrolla dentro del juicio de amparo 642/2023 y del amparo en revisión 176/2025. El Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito resolvió el 19 de marzo de 2026 reponer una audiencia relacionada con la solicitud de liberación y entrega del inmueble. La resolución ordena repetir la audiencia en la que un apoderado legal de una persona moral, que no forma parte de la causa penal 19/2023, promovió la entrega del establecimiento.
El caso volvió al Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, Sonora, donde se fijaron fechas para dar cumplimiento a la ejecutoria. Inicialmente, la audiencia de “tutela de derechos” fue programada para el 28 de octubre de 2026, pero luego se modificó para el 10 de septiembre del mismo año. Sin embargo, la jueza Mondragón Rodríguez consideró que el plazo seguía siendo excesivo y ordenó nuevamente al Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo remitir un nuevo informe y justificar la demora.
El acuerdo judicial del 6 de mayo de 2026 advierte sobre posibles sanciones y medidas de apremio, incluyendo una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y la eventual remisión del expediente a un Tribunal Colegiado por inejecución.
Empresa fantasma reclama el Bar Adelitas
La empresa Liga de Comercio Empresarial, S. de R.L. de C.V., señalada en investigaciones federales por presuntos vínculos con inmuebles ilícitos en Tijuana, no fue localizada en el Registro Público de Comercio (RPC) de la Secretaría de Economía ni en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). Esta sociedad reclama diversos inmuebles mediante procedimientos judiciales, y su apoderado legal es el abogado Rubén Fernando Benítez Álvarez de Castillo.
Documentos judiciales señalan a Damián y Aschey Jiménez Álvarez, identificados como hijos de Juvenal “N”, así como a Servando Díaz López, alias “El Guante”, procesado por presunta explotación sexual forzada, como propietarios y parte de la empresa. Las investigaciones federales vinculan a Liga de Comercio Empresarial con inmuebles como el Bar Adelitas, el Bar Valentina y el Hotel Coahuila, todos en Tijuana.
Investigaciones por lavado de dinero
Autoridades federales investigan una presunta red conformada por al menos 22 empresas que habrían sido utilizadas para operaciones de lavado de dinero. Los reportes estiman que dicha estructura pudo generar ingresos superiores a 100 millones de pesos mensuales provenientes de explotación sexual internacional.
Abogado de delitos de alto impacto
Rubén Fernando Benítez Álvarez de Castillo ha participado en diversos litigios de alto perfil en México y Estados Unidos. En 2011 encabezó la defensa del empresario Jorge Hank Rhon, detenido por presunto acopio de armas, obteniendo su libertad provisional. En 2014 representó al exmarine estadounidense Andrew Tahmooressi, detenido en Tijuana por portación de armas, caso que concluyó con su repatriación. En 2016 figuró como asesor legal de Ethan Couch, el “affluenza teen” que huyó a México. En 2021 asumió la defensa del exalcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, señalado por el homicidio de un influencer. En 2025 se incorporó al equipo jurídico del boxeador Julio César Chávez Jr., ante señalamientos de la FGR que calificó como “especulaciones”.
Investigación contra funcionarios judiciales
Fuentes federales señalaron que la FGR abrió una línea de investigación contra diversos funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Sonora y Baja California por posibles vínculos y presuntos beneficios otorgados a integrantes de la organización criminal relacionada con el Bar Adelitas. Las indagatorias buscan determinar si servidores públicos incurrieron en resoluciones, actos u omisiones que pudieran favorecer jurídicamente a la estructura criminal.
El artículo 225 del Código Penal Federal establece sanciones para los servidores públicos que ejecuten actos u omisiones que produzcan un daño o concedan una ventaja indebida, con penas de tres a ocho años de prisión y multas de treinta a mil cien días multa.
