Una llamada anónima alertó a las integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco sobre una fosa clandestina en un predio de la Colonia La Piedrera, en el municipio de El Salto. A pesar de solicitar protección oficial, esta nunca llegó. Sin embargo, con la tenacidad que las caracteriza, las madres acudieron al lugar el sábado 25 de abril para realizar la búsqueda por cuenta propia.
Hallazgo de restos humanos
En el predio encontraron la fosa y, de inmediato, apareció un cráneo. Poco más abajo, una colchoneta ocultaba bolsas con restos humanos. Recuperaron un torso, una cabeza y piernas, así como una credencial que identificaba a Karla Janet González Martínez, reportada como desaparecida desde el 27 de noviembre de 2023 en San Agustín, Tlajomulco.
A pesar de que solicitaron la intervención de la Vicefiscalía Especial para Personas Desaparecidas y de peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses desde la noche del sábado, hasta el martes a las 16:00 horas ninguna autoridad había llegado a la fosa de La Piedrera. Solo había presencia de la policía municipal.
Abandono institucional reiterado
Norma Moya, integrante del colectivo, señaló que no es la primera vez que enfrentan este abandono por parte de las autoridades. El abandono no solo se traduce en retraso en la búsqueda de sus hijos desaparecidos o en la identificación de los cuerpos que ellas mismas encuentran y desentierran. También ocurre por investigaciones que no se realizan, diligencias que no se cumplen y protocolos que se pasan por alto, lo que alarga la búsqueda de sus seres queridos.
La misma Norma Moya, quien participó en el descubrimiento de la fosa de La Piedrera, padece el abandono institucional de la Fiscalía. Hay fallas graves en la integración de la carpeta de investigación por la desaparición de su hijo Luis Fernando Cervantes Moya, desaparecido el 26 de febrero de 2024 cuando tenía 22 años, presuntamente por policías municipales de Arandas mientras reparaba un vehículo. La propia Fiscalía del Estado confirmó la participación de los policías, lo que convierte el caso en una desaparición forzada, un delito de lesa humanidad que el Gobierno de la Cuarta Transformación se niega a reconocer que sigue ocurriendo en México.
Casos que trascienden fronteras
Hay historias en las que la búsqueda se prolonga por años. Es el caso de Alejandro Trinidad Escobedo, desaparecido presuntamente por policías de Tequila el 11 de mayo de 2013. Han pasado casi 13 años y su búsqueda está en el abandono por negligencia de las autoridades de Jalisco. Ante esto, la familia decidió llevar su caso ante el Comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU, acompañada por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).
Precisamente por casos como estos, el CED invocó el artículo 34 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas para solicitar al secretario general de la ONU que la crisis por desapariciones forzadas en México se discuta en la Asamblea General. Según el CED, existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando como crímenes de lesa humanidad, mediante ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, de conformidad con políticas estatales u organizacionales, es decir, políticas concebidas y aplicadas por autoridades públicas en los ámbitos federal, estatal o municipal, o por organizaciones que actúan con la complicidad o aquiescencia de las autoridades.
Reacción del gobierno y llamado a la acción
Esta decisión molestó al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y a otros funcionarios de la Cuarta Transformación. Sin embargo, el gobierno debe reconocer que la crisis por desapariciones ha rebasado las capacidades del Estado mexicano y debe aceptar la ayuda internacional para enfrentarla. Las miles de madres que buscan a sus hijos y que han sido abandonadas por los sucesivos gobiernos del país lo demandan.
