México enfrenta una alarmante crisis con más de 18 mil niños desaparecidos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que alerta sobre el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado en al menos 18 estados del país. Los adolescentes son utilizados como combatientes, mensajeros o para actividades vinculadas al narcotráfico.
Registro de desaparecidos
De acuerdo con el informe de la CIDH sobre desapariciones en México, hasta agosto de 2025 se contabilizaban aproximadamente 18 mil niñas, niños y adolescentes menores de 18 años reportados como desaparecidos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). La Comisión señaló fallas en la aplicación de protocolos especializados para la búsqueda de menores, así como la ausencia de enfoques comunitarios e interculturales.
Caso emblemático: Alexis Sánchez Cabanzo
Uno de los casos documentados es el de Alexis Sánchez Cabanzo, un niño de tres años de la comunidad indígena de la Sierra Negra de Puebla, originario de Izhuapa, municipio de Zoquitlán. Según el informe, sus representantes denunciaron intimidaciones a la familia durante entrevistas de la Fiscalía y señalaron que el boletín de búsqueda no se difundió de inmediato en náhuatl.
Reclutamiento en 18 estados
La CIDH indicó que colectivos de búsqueda en Sonora reportaron casos de adolescentes de entre 13 y 14 años reclutados por grupos criminales a cambio de dinero o armas. Los testimonios revelan que algunos menores regresan con vida tras ser secuestrados, otros permanecen en las organizaciones delictivas y algunos mueren en enfrentamientos armados.
El informe cita el “Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de NNA por Grupos Delictivos”, que identifica 18 entidades con mayor riesgo, entre las que destacan:
- Estado de México
- Guanajuato
- Jalisco
- Sonora
- Guerrero
- Michoacán
- Sinaloa
- Tamaulipas
- Zacatecas
- Puebla
Además, la CIDH documentó que adolescentes sobrevivientes declararon haber sido obligados a ser combatientes, preparar estupefacientes y actuar como mensajeros.
Testimonio de “Alfredo” y campos de entrenamiento
Durante una audiencia pública en marzo de 2020, la Comisión recibió el testimonio de “Alfredo”, nombre ficticio de un adolescente presuntamente privado de la libertad junto con otros jóvenes en Toluca, Estado de México. Fueron trasladados a un campo de entrenamiento del crimen organizado en Tierra Caliente, Guerrero. El menor logró escapar durante un enfrentamiento entre el grupo criminal y el Ejército.
La CIDH advirtió que el reclutamiento de adolescentes responde a contextos de violencia, pobreza, exclusión social y falta de oportunidades. En algunos casos, aparenta ser voluntario, pero ocurre bajo presiones económicas o amenazas contra las familias.
El informe también menciona el caso de “Juanito Pistolas”, un adolescente reclutado desde los 13 años que murió en un enfrentamiento con autoridades en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2019.
Ofertas laborales falsas
La CIDH recibió reportes sobre reclutamiento de hombres jóvenes mediante ofertas laborales falsas en estados como Nayarit, Jalisco y Zacatecas. Ante esto, recordó que el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo establece que el reclutamiento de menores para actividades ilícitas debe ser prohibido y eliminado de manera urgente.
La Comisión sostuvo que los niños, niñas y adolescentes reclutados deben ser tratados como víctimas, y que los Estados tienen la obligación de implementar acciones inmediatas para erradicar estas prácticas.
Crisis de desapariciones en México
En el cierre de su informe, la CIDH afirmó que México enfrenta una crisis de derechos humanos vinculada con las desapariciones. Hasta junio de 2025, el país acumulaba más de 128 mil personas desaparecidas. Conteos independientes estiman más de 70 mil cuerpos bajo custodia del Estado sin identificar.
La Comisión señaló que gran parte de las desapariciones corresponde al crimen organizado, aunque también documentó casos de desaparición forzada presuntamente vinculados con autoridades de seguridad, procuración de justicia y actores políticos.
El Estado mexicano reportó acciones de prevención y búsqueda, como estrategias de prevención del reclutamiento infantil, el Observatorio Nacional para la Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes, la Alerta Amber y protocolos especializados para búsqueda de menores. La CIDH reiteró que el interés superior de la niñez obliga a adoptar medidas especiales de protección.
