El informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierte que el crimen organizado en México ha evolucionado de un problema sectorial de seguridad a un desafío sistémico y transnacional. Según el documento, estos grupos ya no buscan únicamente beneficios económicos, sino que disputan directamente el poder político, interfiriendo en la selección de candidaturas y coaccionando el voto en distritos estratégicos.
Influencia criminal en políticas públicas
El informe señala que el crimen organizado tiene la capacidad de incidir en la formulación de políticas públicas y en la gestión pública debido a su capacidad de coerción sobre las autoridades electas. Esta forma de gobernanza criminal les ha permitido diversificar sus fuentes de ingresos y expandir sus operaciones en toda la región. Financian campañas, controlan recursos y distorsionan procesos electorales, lo que representa una amenaza directa a la democracia.
Confianza ciudadana y violencia
El diagnóstico para México es paradójico: la confianza ciudadana hacia el gobierno ha aumentado un 36%, muy por encima del promedio regional, mientras que la violencia y el desplazamiento interno socavan la convivencia democrática. El país presenta una de las tasas de homicidios más altas de la región en relación con su nivel de ingresos, lo que refleja una impunidad funcional. Las instituciones de justicia luchan por recuperar terreno frente a estructuras criminales que, en ciertos territorios, han desplazado a la autoridad formal.
Violencia política y digital
La violencia política no solo se manifiesta en las calles, sino también en el entorno digital. Se estima que el 41% de las interacciones dirigidas a políticas, periodistas y activistas en redes sociales son violentas, un mecanismo de censura moderno que busca silenciar a las mujeres con voz pública. Además, el crimen organizado ha generado un entorno hostil para la deliberación pública, forzando el desplazamiento interno de periodistas y creando zonas de silencio donde el escrutinio social desaparece por miedo.
Migración y cohesión social
México se ha consolidado como un epicentro migratorio. El retorno forzado de aproximadamente 319 mil nacionales desde Estados Unidos en el último año exige una coordinación administrativa exhaustiva para garantizar servicios de salud, documentación y empleo. La gestión migratoria interna se ha convertido en un polvorín social que alimenta discursos polarizantes. El informe revela que el 45.6% de los mexicanos percibe la llegada de inmigrantes como perjudicial, lo que presiona a las instituciones para endurecer controles fronterizos y pone a prueba la resiliencia de la cohesión social.
El informe concluye que el crimen organizado representa un desafío sistémico que requiere una respuesta integral del Estado y la sociedad para preservar la democracia y el desarrollo humano en México.
