El Partido Acción Nacional (PAN) presentó este lunes una solicitud de juicio político contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntas omisiones y violaciones graves a la Constitución, relacionadas con vínculos con estructuras del crimen organizado.
Detalles de la denuncia
La denuncia, firmada por los coordinadores de diputados y senadores del PAN, José Elías Lixa y Ricardo Anaya Cortés, señala que los hechos documentados sobre la probable existencia de vínculos con organizaciones criminales implican responsabilidad penal y violaciones a la Carta Magna.
En el documento, se alega que la asociación de servidores públicos con una organización criminal transnacional, incluso considerada terrorista, así como su participación en esquemas de protección, financiamiento y facilitación de actividades ilícitas, vulnera los principios de legalidad, honradez y lealtad en el servicio público.
Además, se indica que la utilización de recursos del Estado para fines ilícitos contraviene el mandato constitucional de que la seguridad pública debe ejercerse en beneficio de la sociedad, bajo control civil y con estricto apego a la ley.
Violaciones constitucionales
La solicitud plantea que la intervención de organizaciones criminales en procesos electorales, financiamiento de campañas, intimidación de actores políticos o generación de ventajas indebidas afectó el orden democrático, transgrediendo los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución.
Asimismo, se advierten violaciones al artículo 109, que impone a todo servidor público la obligación de desempeñar su cargo con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. La eventual tolerancia, encubrimiento, colaboración u omisión deliberada para favorecer intereses ajenos al interés público constituye una transgresión directa a los deberes fundamentales del servicio público.
Los panistas también señalan violaciones al artículo 116, que exige que el ejercicio del poder público en las entidades federativas se desarrolle bajo parámetros de legalidad, autonomía institucional, responsabilidad democrática y subordinación al orden constitucional federal.
La infiltración en la estructura gubernamental estatal de personas integrantes del crimen organizado implica una afectación grave al régimen federal y al orden constitucional local.
Uso indebido de recursos
La denuncia también se refiere a transgresiones al artículo 134, por la utilización de recursos humanos, materiales, financieros, programas públicos, estructuras gubernamentales o cuerpos de seguridad para fines distintos al interés público, incluyendo compromisos políticos, electorales o de protección ilícita.
Los panistas enfatizan que esto configura la vulneración directa de los principios constitucionales que rigen el ejercicio del gasto público y la administración gubernamental.
Violaciones a leyes federales
Además, se mencionan violaciones a leyes federales como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley de Seguridad Nacional.
En particular, se advierte que mandos policiales y estructuras de seguridad pública fueron designados bajo criterios ajenos a la legalidad o bajo posibles influencias criminales, lo que constituye faltas administrativas graves con relevancia constitucional.
Asimismo, se plantea que la intervención de organizaciones criminales mediante financiamiento ilícito, intimidación de electores, presión sobre candidaturas o coacción política viola la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Finalmente, los parlamentarios de Acción Nacional alertan que el gobernante de Sinaloa habría incurrido en colaboración, tolerancia o facilitación desde estructuras gubernamentales con organizaciones criminales, afectando la seguridad interior, el control territorial y la estabilidad institucional.
