Dictan Prisión Preventiva a Cinco Policías por Represión en Arantepacua, Michoacán
Un juez de control ha establecido de manera oficiosa la medida de prisión preventiva para cinco elementos de seguridad detenidos por su presunta participación en la represión a la comunidad de Arantepacua, en Michoacán, ocurrida en abril de 2017. Los acusados fueron aprehendidos por la Fiscalía General del Estado el pasado viernes, y forman parte de un grupo más amplio de 16 funcionarios contra quienes se han girado órdenes de aprehensión, incluyendo al exgobernador Silvano Aureoles Conejo y al exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, quienes permanecen prófugos.
Audiencia Inicial y Acusaciones
La audiencia inicial dentro del proceso 22/2017, que se desarrolló con carácter privado, se prolongó por casi 13 horas. Durante esta sesión, la Fiscalía General del Estado formuló imputación contra los siguientes individuos:
- Marco Antonio "N", Azahel "N" y Bulmaro "N": acusados de los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, contra la administración de justicia y tortura.
- Jorge "N" y Juan Carlos "N": imputados por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura. Cabe destacar que Jorge "N" se desempeñaba como comandante del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mientras que Juan Carlos "N" era director de Tránsito de esa misma dependencia.
Para sustentar estas acusaciones, la Fiscalía expuso un total de 237 datos de prueba, buscando así la vinculación a proceso de los imputados. Sin embargo, durante la audiencia, los asesores jurídicos de la comunidad intervinieron para precisar algunas pruebas que el ministerio público había omitido señalar, además de aclarar ciertas contradicciones en las que se incurrió.
Próximos Pasos en el Proceso Legal
La defensa de los imputados solicitó el plazo de 144 horas que prevé la Ley, antes de que se determine la vinculación a proceso. Por lo tanto, los trabajos se reanudarán el próximo miércoles a las nueve de la mañana, momento en el que se espera que se tome una decisión al respecto. Este caso se enmarca en un esfuerzo más amplio por abordar la represión policiaca en Michoacán, un tema que ha generado gran controversia y demanda de justicia por parte de las comunidades afectadas.
La medida de prisión preventiva oficiosa subraya la gravedad de los cargos y la necesidad de garantizar que los presuntos responsables enfrenten el proceso legal sin riesgo de fuga. La comunidad de Arantepacua y organizaciones de derechos humanos continúan vigilantes, esperando que este proceso conduzca a una resolución justa y transparente.
