El incremento de la violencia en los estados de Sinaloa y Chihuahua ha generado un intercambio de acusaciones entre el gobierno federal y las administraciones estatales. Mientras que desde la Ciudad de México se señala a los gobiernos locales por su falta de acción, estos últimos responden que la estrategia de seguridad nacional ha sido insuficiente.
Acusaciones cruzadas
El secretario de Seguridad Pública federal declaró que los estados deben asumir su responsabilidad en el combate al crimen organizado. En respuesta, el gobernador de Sinaloa afirmó que la federación no ha proporcionado los recursos necesarios para enfrentar la situación. Por su parte, el gobierno de Chihuahua ha solicitado una reunión urgente con el gabinete de seguridad para analizar la crisis.
Expertos opinan
Analistas en seguridad consideran que ambos niveles de gobierno comparten la culpa. La falta de coordinación y la ausencia de una estrategia integral han permitido que grupos delictivos operen con impunidad. Además, señalan que la rotación de mandos policiacos y la corrupción interna agravan el problema.
- En Sinaloa, los homicidios aumentaron un 15% en el último trimestre.
- Chihuahua reporta un incremento del 20% en secuestros.
- Ambos estados concentran el 30% de los delitos de alto impacto a nivel nacional.
Reacciones políticas
Legisladores de oposición han criticado la estrategia del gobierno federal, calificándola de fallida. Mientras tanto, desde el partido oficialista se defiende la actuación de las fuerzas federales y se insta a los gobernadores a rendir cuentas. La controversia ha escalado al punto de que se discute la posibilidad de una intervención federal en ambas entidades.
La ciudadanía, por su parte, exige resultados concretos y no solo declaraciones. Organizaciones de la sociedad civil han convocado a marchas para exigir paz y justicia en las regiones más afectadas.
