Habitantes del municipio de Chilapa, en Guerrero, denunciaron que un retén instalado por el grupo criminal Los Ardillos impidió el paso a personal del gobierno estatal que se dirigía a atender una emergencia en la comunidad de Santa Cruz.
Detalles del incidente
De acuerdo con los testimonios, los hechos ocurrieron el pasado lunes cuando una comitiva de la Secretaría de Gobierno, encabezada por el subsecretario de Asuntos Políticos, intentó llegar a la zona para mediar en un conflicto agrario. Sin embargo, fueron detenidos por hombres armados que se identificaron como miembros de Los Ardillos, quienes les negaron el acceso argumentando que la zona estaba bajo su control.
Los funcionarios, que viajaban en dos camionetas oficiales, tuvieron que regresar a la capital del estado tras varias horas de negociación con los delincuentes, sin lograr su objetivo. Los pobladores de Santa Cruz, que habían solicitado la intervención del gobierno, manifestaron su frustración por la situación.
Reacciones de las autoridades
El gobierno de Guerrero, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado, condenó los hechos y aseguró que ya se investiga lo ocurrido. En un comunicado, la administración estatal señaló que no permitirá que grupos criminales obstaculicen la labor del gobierno y que se reforzará la seguridad en la región.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que se desplegó un operativo en la zona para localizar a los responsables y garantizar el libre tránsito. Hasta el momento, no se reportan detenciones.
Contexto de violencia en Guerrero
El grupo Los Ardillos, originario de la región de la Montaña de Guerrero, ha sido señalado por diversas actividades ilícitas, incluyendo extorsión, secuestro y tráfico de drogas. La presencia de retenes ilegales es una constante en varias comunidades del estado, donde la autoridad del gobierno es frecuentemente desafiada por organizaciones criminales.
Este incidente pone de manifiesto la fragilidad del control estatal en algunas zonas de Guerrero, donde la violencia y la impunidad siguen siendo un desafío para las autoridades. Organizaciones de derechos humanos han llamado a fortalecer la presencia del Estado y a garantizar la seguridad de los ciudadanos y funcionarios.
