El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue acusado junto con otras nueve personas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos relacionados con armas. Este miércoles, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dio a conocer la acusación contra un total de diez personas por presuntamente “conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos”. La lista incluye a funcionarios y exfuncionarios; además de Rocha Moya, destaca el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
¿Quién es Rubén Rocha Moya?
Originario del municipio de Badiraguato, ubicado en el noroeste del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya —político, académico y escritor mexicano— nació el 15 de junio de 1949, por lo que actualmente tiene 76 años de edad. Cuenta con una licenciatura como profesor de educación media en el área de Matemáticas por la Escuela Normal Superior de Oaxaca. Además, en 2020 se graduó como licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y obtuvo un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
Trayectoria política
Rocha Moya comenzó su carrera política a principios de la década de 1980, cuando fue candidato a la gubernatura de Sinaloa por el Movimiento Popular Sinaloense (MPS). Posteriormente, se desempeñó como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa de 1993 a 1997. En 1998 participó por segunda ocasión en las elecciones por la gubernatura de Sinaloa, invitado por Andrés Manuel López Obrador, quien entonces era dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD). En las siguientes dos décadas ocupó distintos cargos en instituciones gubernamentales, hasta que en 2021 llegó a la gubernatura de Sinaloa bajo la alianza de Morena y el Partido del Trabajo (PT).
La acusación en su contra ha generado reacciones encontradas. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México señaló que la acusación carece de pruebas suficientes. Mientras tanto, el gobernador ha negado cualquier vínculo con el crimen organizado y ha reiterado su disposición a colaborar con las autoridades estadounidenses para aclarar los hechos.
