El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas por su presunta vinculación con el narcotráfico y delitos relacionados con armas. Este hecho ha provocado una crisis diplomática entre México y Estados Unidos, poniendo a prueba la soberanía judicial mexicana.
Acusación de EU contra Rubén Rocha Moya
Este miércoles 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve individuos por tráfico de drogas y delitos de armas. La acusación fue presentada en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Los otros señalados son Enrique Inzunza Cazarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Aviles, Alberto Jorge Contreras Nuñez (alias 'Cholo'), Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito (alias 'Tornado'), Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán (alias 'Juanito').
A los diez implicados se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de estupefacientes en Estados Unidos. El caso fue asignado a la jueza federal de distrito Katherine Polk Failla.
Respuesta de la SRE
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el 28 de abril a las 18 horas se recibieron solicitudes de extradición de diversas personas por parte del Gobierno de Estados Unidos. De acuerdo con la Ley de Extradición Internacional, la información fue turnada a la Fiscalía General de la República (FGR) para su evaluación conforme a la legislación mexicana.
En un comunicado, la SRE señaló que los documentos recibidos por parte de la Embajada de Estados Unidos, tras una revisión jurídica en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuentan con elementos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad de las personas solicitadas. Sin embargo, será la FGR quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición.
La SRE concluyó que, debido a las provisiones de confidencialidad en los tratados vigentes, se enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer la información.
