La violencia en Chilapa, Guerrero, ha vuelto a poner en el centro de la crisis de seguridad del estado una nueva ola de ataques armados, desplazamientos forzados y enfrentamientos entre grupos criminales. En los últimos días, cientos de familias indígenas han abandonado sus comunidades por temor a morir en medio de la disputa entre Los Ardillos y Los Tlacos, dos organizaciones que luchan por el control territorial de la región.
¿Quiénes son Los Ardillos y Los Tlacos?
Según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la violencia en Chilapa está directamente relacionada con la guerra entre estos dos grupos criminales. Los Ardillos operan desde hace casi dos décadas en la Montaña baja y la zona Centro de Guerrero. Las autoridades y reportes periodísticos los vinculan con extorsión, narcotráfico, control del transporte, cobro de piso y ataques contra comunidades indígenas.
Por su parte, Los Tlacos, también conocidos como el Cártel de la Sierra, mantienen presencia en municipios serranos y sostienen una disputa constante por rutas del crimen organizado, control de caminos y territorios estratégicos.
¿Por qué Chilapa es clave para los grupos criminales?
Chilapa se ubica en una zona estratégica entre la Montaña y el Centro de Guerrero. El municipio conecta rutas serranas utilizadas históricamente para el trasiego de drogas, armas y mercancías ilegales. Además, la región cuenta con comunidades aisladas, caminos rurales y una presencia limitada del Estado, lo que facilita el control territorial de los grupos armados.
La violencia ya no se limita al narcotráfico. Reportes recientes señalan que los grupos criminales también buscan controlar alimentos, transporte, tala ilegal, comercio y actividades locales.
Desplazamientos, drones y terror en comunidades indígenas
La crisis escaló tras ataques armados en comunidades como Tula, Xicotlán y Alcozacán. Organizaciones indígenas denunciaron bombardeos con drones, uso de armas de alto poder y amenazas contra pobladores. Las autoridades federales reconocieron al menos 96 personas desplazadas, aunque colectivos locales aseguran que la cifra podría ser mucho mayor.
Videos difundidos en redes sociales muestran a familias huyendo durante la madrugada, mientras mujeres y niños buscan refugio en iglesias y canchas comunitarias.
El operativo del Gobierno federal
Ante la presión social y el incremento de ataques, el Gobierno federal desplegó más de mil elementos del Ejército, Guardia Nacional y policías estatales en la región. Sin embargo, comunidades indígenas y organizaciones civiles acusan abandono institucional y aseguran que la violencia lleva años sin resolverse en la zona.
Una violencia que no comenzó ayer
Chilapa y municipios cercanos llevan años atrapados entre disputas criminales, desapariciones, asesinatos y desplazamientos. La zona también ha sido escenario de ataques contra policías comunitarias y líderes indígenas. La actual crisis es vista por especialistas y colectivos como una nueva escalada de un conflicto que nunca terminó y que ahora muestra un mayor nivel de armamento, control territorial y terror contra civiles.
