El trumpismo se adelantó al obradorismo. Con la acusación del fiscal del distrito sur de Nueva York, Jay Clayton, y su petición de detención y extradición a Estados Unidos del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve allegados más, incluido un senador y el alcalde de Culiacán, Estados Unidos le deja a la presidenta Claudia Sheinbaum una bomba de tiempo de graves consecuencias y de muy difícil resolución.
Detalles de la acusación
La demanda del fiscal Clayton, acompañada por la DEA, enumera una lista exhaustiva de cargos contra el gobernador. En sustancia, lo acusa de una asociación delictiva con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, a quienes Rocha Moya protegió para que actuaran a sus anchas en el estado. A cambio, recibió dinero y protección del cártel, incluido el hecho de que en las elecciones de 2021 fuera impuesto por la organización criminal.
Rocha Moya es uno de los gobernadores consentidos del obradorato (a partir del viernes con licencia temporal) y ha sido protegido por López Obrador y por el partido Morena desde que se iniciaron las sospechas de que era un narcopolítico. Las acusaciones de la fiscalía neoyorquina desvelan hechos graves que hace años ya se conocían en México.
Respuesta errática del gobierno mexicano
El gobierno mexicano ha respondido erráticamente al aplicar el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. El primer error de la FGR y Cancillería ha sido exigir pruebas al fiscal e insistir públicamente en que las peticiones de extradición solo procederán si se ajustan a los estándares legales mexicanos. Esto viola el Tratado de Extradición.
El artículo 11 del Tratado establece que una orden de detención provisional no requiere de pruebas, las cuales tendrían que ir siendo aportadas dentro de los 60 días de plazo que el Tratado establece. Por lo tanto, las acusaciones pueden proceder sin que el requisito de evidencias que Sheinbaum reclama sea producido.
La errática respuesta del gobierno federal se entiende como un intento de ganar tiempo antes de que el plazo de 60 días se cumpla. Se trata de una táctica desesperada de dilación bajo las órdenes de la presidenta. Con esto, la Cancillería expone al gobierno y al país a una crisis mayor frente a la agresiva solicitud de la fiscalía de Trump, que no está interesada en guardar las formas diplomáticas frente a la narrativa soberanista con la cual Sheinbaum se ha escudado cada vez que hay una mención de Estados Unidos sobre la condición criminal de lo que Washington denomina como un narcogobierno.
Un drama shakespeariano para Sheinbaum
El gobierno está paralizado ante lo que parece un chantaje virtual de Rocha Moya, quien amenazaría con denunciar todos los lazos políticos y financieros de Morena con el Cártel de Sinaloa, incluido el señalamiento en las más altas esferas (López Obrador) del poder político. La presidenta está ante un dilema: protege a Rocha Moya y a sus nueve cómplices, eximiéndolos de responsabilidad criminal al aprobar su licencia temporal y rechazar la extradición, quedando mal con Trump pero bien con el sector más duro de Morena. O bien, acepta la detención provisional y eventual extradición del gobernador, quedando bien con Trump y pavimentando el camino hacia la aprobación del T-MEC, entre otros beneficios para la relación bilateral, que está bastante lastimada desde hace un año.
Implicaciones y consecuencias
En todo caso, la fricción diplomática ya se ha convertido en una crisis de Estado. La probable detención y extradición de Rocha Moya abre la puerta a otras detenciones de la misma envergadura, sentando un precedente jurídico y político. Morena está en el banquillo de los acusados y todo puede apuntar a una decapitación de ese partido en la medida en que se acumulen delaciones de otros narcopolíticos que ya han sido mencionados en diversos medios y ocasiones.
Las acciones del trumpismo han destapado la poderosa capa de ocultamiento de secretos de Estado que podrían representar la prueba de la descomposición brutal que el sistema político mexicano ha vivido en los últimos ocho años de obradorismo.
