Comerciantes capitalinos elevan su voz ante el gobierno entrante para combatir la extorsión
Aunque las cifras oficiales del gobierno de la Ciudad de México indican que la capital vive uno de sus periodos más seguros en más de una década, para cientos de pequeños comerciantes y empresarios, la extorsión continúa siendo una amenaza constante que rara vez aparece reflejada en los reportes públicos. La aparente reducción de delitos de alto impacto contrasta dramáticamente con la realidad cotidiana de dueños de negocios que aseguran seguir recibiendo llamadas de cobro de piso, amenazas directas y presiones sistemáticas para pagar cuotas a grupos criminales.
Estadísticas oficiales versus percepción ciudadana
En enero de 2026, el gobierno capitalino informó que se había registrado el enero con menor incidencia de delitos de alto impacto en once años, resultado presentado como evidencia contundente de la continuidad y éxito de la estrategia de seguridad implementada en la ciudad. Según los datos oficiales, esta reducción se observa claramente al comparar las cifras con años anteriores, particularmente desde 2019, cuando comenzó la actual política de coordinación entre instituciones de seguridad, inteligencia policial y presencia territorial reforzada.
La estadística gubernamental incluye delitos como homicidio doloso, robo con violencia, secuestro, robo de vehículo y extorsión denunciada formalmente. Sin embargo, para los comerciantes y pequeños empresarios, el problema no se mide únicamente por el número de carpetas de investigación abiertas, sino por la frecuencia con la que enfrentan amenazas o presiones que, en la inmensa mayoría de los casos, nunca llegan a denunciarse ante las autoridades correspondientes.
Testimonios desde las trincheras comerciales
"En números dicen que todo está bajando, pero nosotros seguimos recibiendo llamadas de amenaza", relata con preocupación el propietario de una tienda de abarrotes en la alcaldía Gustavo A. Madero, quien solicitó mantener su nombre en el anonimato por razones de seguridad evidentes. Según explica detalladamente, hace varios meses comenzó a recibir llamadas telefónicas en las que le exigían pagos semanales a cambio de "dejar trabajar tranquilo" a su negocio familiar.
"Lo que uno hace es colgar inmediatamente, bloquear el número de teléfono, pero siempre vuelven a marcar con otro diferente. ¿A quién denuncias concretamente si ni siquiera sabes quién está realmente detrás de estas extorsiones?", agrega con visible frustración. Su caso particular no es excepcional ni aislado, sino que representa una realidad compartida por numerosos comerciantes en distintas zonas comerciales de la ciudad.
La extorsión: un delito con alto subregistro
En diversas zonas comerciales de la Ciudad de México, comerciantes consultados coinciden unánimemente en que, aunque el robo a negocio o los asaltos directos pueden haber disminuido en algunos puntos específicos, la extorsión telefónica o el cobro de piso siguen siendo uno de los principales temores que afectan su operación diaria. Esta percepción ciudadana encuentra cierto respaldo en los datos disponibles, pues aunque el conjunto de delitos de alto impacto ha mostrado una tendencia general a la baja en la capital, las denuncias por extorsión no han seguido el mismo comportamiento uniforme en todos los periodos analizados.
Además, las mismas autoridades de seguridad reconocen abiertamente que se trata de uno de los delitos con mayor subregistro en todo el país, debido principalmente a que muchas víctimas prefieren no denunciar formalmente por miedo legítimo a represalias violentas o por desconfianza profunda en que las autoridades puedan protegerlas efectivamente después de la denuncia. La consecuencia directa de esta dinámica es que el delito puede mantenerse activo y vigente en la vida cotidiana de los negocios, incluso cuando las estadísticas generales muestran una reducción aparente.
Realidades contrastantes en diferentes zonas
En el emblemático Centro Histórico, donde operan miles de comercios formales e informales, algunos locatarios reconocen que la presencia policial ha aumentado visiblemente en los últimos años y que ciertos delitos han disminuido notablemente, particularmente los robos a transeúntes y a clientes desprevenidos.
"Hace unos años los asaltos eran muy seguidos, sobre todo durante las noches. Ahora sí hay más policía circulando", comenta con cierto alivio el encargado de una tienda de accesorios ubicada cerca de la calle República de El Salvador. Sin embargo, señala inmediatamente que las extorsiones telefónicas siguen siendo frecuentes entre comerciantes del sector: "Te llaman diciendo que son de un grupo criminal específico, que tienen vigilado el negocio constantemente y que si no depositas el dinero exigido van a venir personalmente. Muchos sabemos que probablemente es mentira, pero también da mucho miedo ignorarlo completamente".
En otras zonas comerciales de la capital la situación presenta matices distintos. En mercados públicos tradicionales y corredores populares de alcaldías como Iztapalapa o Cuauhtémoc, comerciantes aseguran que el cobro de piso sigue siendo una realidad palpable que afecta directamente la operación diaria y la viabilidad económica. Un vendedor de ropa en un mercado de la zona oriente de la ciudad relata con preocupación que algunos puestos comerciales han tenido que cerrar temporalmente tras recibir amenazas directas y específicas.
"Hay quienes prefieren pagar regularmente para evitar problemas mayores. Otros simplemente se van definitivamente porque ya no quieren seguir arriesgándose", comenta resignadamente. La reducción de ciertos delitos —como robo con violencia o robo de vehículo— puede ser real estadísticamente, pero no necesariamente implica que todos los ilícitos estén disminuyendo al mismo ritmo acelerado.
Características que dificultan el combate
La extorsión presenta características particulares que dificultan enormemente su registro adecuado y su combate efectivo. Muchas veces se realiza exclusivamente por teléfono, a través de redes sociales digitales o mediante intermediarios múltiples, lo que complica significativamente identificar a los responsables reales. A ello se suma el temor comprensible de las víctimas a denunciar formalmente, creando un círculo vicioso de impunidad.
En México, distintos estudios especializados estiman consistentemente que la gran mayoría de los casos de extorsión no se reportan ante las autoridades correspondientes. Esto significa claramente que las cifras oficiales sólo reflejan una parte mínima del fenómeno real, subestimando considerablemente su verdadera magnitud e impacto social.
La situación también varía notablemente según la zona específica de la ciudad analizada. Mientras algunos corredores comerciales han experimentado mejoras tangibles en seguridad debido a operativos policiales focalizados, cámaras de vigilancia tecnológica y mayor presencia institucional, otros sectores siguen enfrentando dinámicas delictivas más complejas y arraigadas.
Percepción en zonas de mayor desarrollo
En colonias de alcaldías como Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc o Benito Juárez, algunos restauranteros y comerciantes reconocen que los asaltos a clientes han disminuido visiblemente en comparación con años anteriores. En parte lo atribuyen directamente al aumento de patrullajes regulares y a la vigilancia reforzada en zonas de alta actividad turística o gastronómica.
Sin embargo, incluso en estas áreas aparentemente más seguras, la extorsión sigue apareciendo como una preocupación latente y constante. "Quizá ya no te asaltan abiertamente como antes, pero la extorsión sigue existiendo silenciosamente. A muchos negocios les han llamado repetidamente para pedir dinero bajo amenazas", comenta el gerente experimentado de un restaurante en la colonia Roma.
Impacto económico directo
Para organizaciones empresariales representativas y cámaras de comercio establecidas, el problema fundamental radica en que la extorsión afecta directamente la viabilidad económica de los negocios, especialmente de los pequeños establecimientos familiares con recursos limitados.
A diferencia de otros delitos, donde la pérdida económica puede ser puntual y definida —como un robo específico o un asalto concreto—, el cobro de piso implica pagos constantes y periódicos que terminan por erosionar gradualmente las ganancias del negocio, comprometiendo su sostenibilidad a mediano y largo plazo.
"Es un delito que impacta directamente en la economía real de los comerciantes", señala enfáticamente un representante autorizado de una asociación empresarial reconocida. "Aunque las cifras generales de seguridad mejoren estadísticamente, si la extorsión sigue presente activamente, la percepción legítima de inseguridad se mantiene intacta entre la comunidad empresarial".
Respuesta institucional y retos pendientes
Las autoridades capitalinas han señalado consistentemente que el combate efectivo a la extorsión representa uno de los retos pendientes más importantes en materia de seguridad pública. En los últimos años se han implementado campañas comunicacionales para promover la denuncia ciudadana y se han habilitado líneas telefónicas especializadas específicamente para reportar este tipo de delitos económicos.
También se han impulsado operativos coordinados contra grupos dedicados exclusivamente al cobro de piso, particularmente en mercados tradicionales y zonas comerciales donde se han detectado denuncias recurrentes. No obstante estos esfuerzos, las mismas autoridades advierten prudentemente que enfrentar este delito complejo requiere estrategias específicas y especializadas, ya que muchas extorsiones se realizan desde centros penitenciarios o mediante redes criminales sofisticadas que operan simultáneamente en distintas entidades del país.
En un pequeño local de comida tradicional en la alcaldía Iztapalapa, la dueña del negocio resume esa sensación generalizada: "Tal vez sí han bajado los delitos en general estadísticamente, pero mientras sigan existiendo las llamadas de extorsión y las amenazas constantes, uno no se siente realmente seguro operando su negocio". Este testimonio refleja el llamado urgente que pequeños comerciantes hacen al entrante gobierno federal para implementar acciones concretas y efectivas contra un flagelo que, aunque menos visible estadísticamente, sigue minando la economía popular diariamente.
