Desmantelan red de extorsión que operaba desde penal federal en Veracruz
En una operación coordinada entre autoridades estatales y federales, fue desarticulada una red de extorsión que funcionaba desde el interior del Centro Federal de Readaptación Social número 5 Oriente, ubicado en el municipio de Villa Aldama, Veracruz. La acción resultó en la captura de dieciséis presuntos implicados y el decomiso de equipos telefónicos utilizados para cometer los ilícitos.
Operativo coordinado contra delitos desde prisiones
La Fiscalía General del Estado de Veracruz, a través de su Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión, lideró los trabajos en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y fuerzas federales. Durante las intervenciones realizadas en distintos puntos del territorio veracruzano, se cumplimentaron dieciséis órdenes de aprehensión derivadas de exhaustivas investigaciones.
"Las acciones incluyeron intervenciones directas al interior del penal federal, donde se identificó el modus operandi de los extorsionadores", informaron fuentes oficiales. El operativo forma parte de las estrategias de seguridad implementadas para combatir delitos de alto impacto que afectan a la población.
Decomiso de dispositivos de comunicación ilegales
Durante el allanamiento en el Cefereso de Villa Aldama, las autoridades lograron el aseguramiento de múltiples equipos telefónicos que presuntamente eran utilizados por los reclusos para contactar a sus víctimas y exigir pagos bajo amenazas. Este decomiso representa un golpe significativo a las capacidades operativas de la red criminal.
"El control de dispositivos de comunicación dentro de los centros penitenciarios es fundamental para inhibir la comisión de delitos desde estos espacios", explicó un vocero de la fiscalía veracruzana. La medida busca cortar las líneas de contacto entre los internos y sus colaboradores en el exterior.
Detenidos puestos a disposición judicial
Los dieciséis individuos capturados durante el operativo fueron presentados ante la autoridad judicial correspondiente, donde se determinará su situación legal. Las investigaciones continúan abiertas para identificar posibles vínculos con otras redes delictivas y determinar el alcance total de sus actividades ilícitas.
"Este caso demuestra la importancia de la coordinación interinstitucional para combatir delitos complejos como la extorsión", señalaron las autoridades. Se espera que las pesquisas revelen más detalles sobre la estructura y operación de esta organización criminal que aprovechaba la infraestructura penitenciaria para sus fines ilegales.
