Protestas masivas en Baja California por el Día Internacional de la Mujer
Con una contundente muestra de indignación y exigencia de justicia, miles de manifestantes tomaron las calles de cinco municipios de Baja California este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Las concentraciones, realizadas en Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y San Quintín, se centraron en denunciar la alarmante situación de violencia de género, desapariciones forzadas y feminicidios que azotan la entidad, así como la presunta inacción y opacidad de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Acciones directas y vandalismo en Tijuana
En Tijuana, el llamado Bloque Negro protagonizó acciones de protesta particularmente intensas. Las integrantes de este colectivo irrumpieron en las oficinas de la FGE ubicadas en la Zona Río, donde destrozaron vidrios, equipo de cómputo, expedientes y materiales de oficina. Además, dañaron con batazos el logotipo oficial de la institución en la fachada del edificio.
Durante la intervención, se escucharon consignas como "¡Justicia, justicia, justicia!", "Puto gobierno. Te importa más un vidrio que una mujer" y "Estado feminicida". Las protestas también alcanzaron las instalaciones de los Juzgados Familiares, el Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Palacio Municipal, donde se realizaron pintas ante la presencia de policías que no intervinieron.
Cifras alarmantes y acusaciones de maquillaje estadístico
El contexto de las marchas se ve agravado por las cifras oficiales de feminicidios en Baja California. Según datos divulgados por medios de comunicación, en 2024 se registraron 38 feminicidios, una cifra que aumentó a 40 en 2025. Sin embargo, activistas como Angélica Ramírez, presidenta del colectivo Una Nación Buscando-T, acusan a la FGE de "maquillar" las estadísticas.
"Incluso, los feminicidios no los cuentan como tal. Seguimos mirando el tema de los homicidios dolosos, culposos, y ahora esta característica de los MPs (Ministerio Público) diciendo 'No podemos determinar que fue feminicidio. Puede ser que se haya muerto de gripa'", declaró Ramírez al diario Frontera, señalando que esta práctica dificulta conocer la verdadera magnitud del problema y permite la impunidad de los agresores.
Marchas y testimonios conmovedores en Ensenada
En el municipio de Ensenada se registraron dos marchas con recorridos distintos: la "Marcha del Silencio" y "¡Mujeres a las calles!". En la primera, las participantes expresaron su "hartazgo legítimo" contra un gobierno que, según ellas, "desdibuja" temas cruciales como la inseguridad, las desapariciones y los feminicidios.
Destacó especialmente la presencia de Lizbeth Palomares, madre de Kimberly Luisa Sánchez Palomares, una joven encontrada muerta en su domicilio el 9 de diciembre de 2025. Aunque la versión oficial habla de un "infarto por consumo de estupefacientes", la familia sospecha que se trata de un homicidio y señala a la expareja de la víctima.
"Todo es porque no se hizo la necropsia con perspectiva de género, por eso es que estamos hoy aquí y por eso es que hoy anda una persona suelta... este personaje, que decía ser novio de mi hija, que la violentaba... exijo a las autoridades que se indague hasta lo último", declaró Palomares a la prensa.
Intervenciones en Mexicali y denuncias de protección a agresores
En Mexicali, las manifestantes marcharon desde el monumento a Vicente Guerrero hasta la nueva escultura de "El Cocinero Chino", una obra de 23 metros de altura que ha generado polémica por su costo de aproximadamente 10 millones de pesos. En dicho sitio realizaron intervenciones y una concentración para visibilizar sus demandas.
En Ensenada, las activistas aprovecharon la instalación de cercos en el Monumento a la Madre para pegar letreros con los nombres y fotografías de presuntos violadores, acusando que estos individuos han gozado de protección por parte de instituciones como el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Cicese) y la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).
Las marchas del 8M en Baja California dejaron en evidencia la profunda crisis de violencia de género que enfrenta la entidad, así como la creciente desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones encargadas de garantizar justicia y seguridad para las mujeres.
