Colectivas feministas y víctimas exigen intervención en Fiscalía de Género del Edomex
Un conjunto de colectivas feministas y agrupaciones de víctimas ha elevado una voz de alarma sobre la situación que prevalece dentro de la Fiscalía General para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género del Estado de México. Los señalamientos se centran directamente en la gestión de su titular, Dilcya García, a quien atribuyen una serie de prácticas irregulares y decisiones cuestionables que, aseguran, han impactado negativamente en la atención y resolución de los casos.
Historial de inconformidades y una disculpa pública
Familiares de víctimas han manifestado que la funcionaria acumula múltiples inconformidades presentadas por deudos y denunciantes que han acudido a esta instancia en busca de justicia. Este malestar no es nuevo; en 2023, la institución emitió una disculpa pública después de que se acreditaran actos de revictimización contra familiares en procesos judiciales.
Las críticas han trascendido el ámbito de las quejas y derivado en acciones legales concretas. Durante el año pasado, se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México por presunto abuso de autoridad. Este expediente está vinculado a la investigación de un caso particularmente sensible: el de una menor de cuatro años que habría sido víctima de abuso sexual, presuntamente cometido por un familiar.
Violencia institucional y desvío de funciones
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio se ha sumado a estos reclamos, documentando prácticas dentro de la fiscalía donde el personal ministerial cuestiona la conducta de las denunciantes, una actuación que, según el organismo, encuadra como violencia institucional conforme a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Los colectivos han subrayado con preocupación que la creación de esta fiscalía respondió originalmente a la urgente necesidad de enfrentar la violencia feminicida y las desapariciones que afectan gravemente a la entidad. Sin embargo, sostienen que la operación actual se ha alejado significativamente de ese objetivo fundamental.
Abogados que han seguido diversos casos refieren testimonios que apuntan al uso de agentes ministeriales como mecanismo de presión en conflictos particulares, en lugar de centrarse en las labores de investigación que son su razón de ser.
Patrón de omisiones y amenaza de escalar la queja
El Colegio de Abogadas y Juristas del Estado de México A.C. también ha fijado postura, señalando que ha detectado un patrón de omisiones y retrasos en la integración de carpetas de investigación. Esta situación, advierten, termina por afectar severamente el acceso a la justicia de las víctimas, perpetuando la impunidad.
Ante este panorama, las colectivas y organizaciones han solicitado formalmente la intervención del fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, para revisar exhaustivamente la actuación de la Fiscalía de Género y corregir las irregularidades señaladas.
Han advertido con firmeza que, de no existir una respuesta institucional pronta y efectiva, acudirán directamente ante la gobernadora de la entidad, Delfina Gómez, para exponer el caso y exigir acciones concretas que restauren la confianza en esta institución clave para la lucha contra la violencia de género.
