Los feminicidios de Ana Febe Rojas Vega y Edith Guadalupe Valdez Zaldivar, ocurridos en la Ciudad de México, "evidencian una constante alarmante: la negligencia institucional que en lugar de prevenir la violencia, la agrava", declaró el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Críticas del OCNF
En un pronunciamiento para manifestar su "profunda indignación", el OCNF sostuvo que ambos casos "demuestran que no basta crear protocolos ni anunciar reformas" para la atención de casos que involucran la integridad de las mujeres. "Mientras las fiscalías territoriales sigan operando con inercias, prejuicios y falta de debida diligencia, la distancia entre el discurso institucional y la realidad seguirá costando vidas", apuntó.
Caso de Ana Febe
La organización destacó que en la muerte de Ana Febe, ocurrida el 24 de marzo y por la que está siendo procesado su esposo, "la Fiscalía de Cuajimalpa se negó a investigar el caso como feminicidio y lo clasificó de manera anticipada como homicidio culposo", minimizando la investigación y desconociendo "décadas de avances en materia de derechos de las mujeres". Peor aún, la muerte ocurrió dos semanas después de la presentación de la Ley de Feminicidio, ignorando ese instrumento y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Caso de Edith Guadalupe
En el caso de Edith Guadalupe, quien el 15 de abril acudió a un edificio de la delegación Benito Juárez supuestamente a una entrevista de trabajo, inmueble del que nunca salió, la organización resaltó que a pesar de que de manera oportuna la familia denunció la desaparición, "la Fiscalía de la Ciudad de México fue omisa en activar mecanismos de búsqueda inmediatos y eficaces". La familia realizó la búsqueda por cuenta propia, recorriendo calles, revisando cámaras y ubicando el lugar donde Edith había ingresado, proporcionando la ubicación en tiempo real sin que las autoridades intervinieran de manera inmediata. Dos días después, Edith fue encontrada sin vida.
"Es particularmente grave que, en este proceso, las autoridades reprodujeran prácticas violatorias de derechos humanos, como exigir esperar 72 horas para iniciar la búsqueda, minimizar la desaparición bajo prejuicios y obstaculizar la denuncia", señaló la organización. "En casos donde la vida o la integridad están en riesgo, la actuación inmediata no es opcional, es una obligación legal".
Omisión grave
El OCNF recordó la existencia de protocolos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que "permiten intervenciones urgentes sin dilaciones, incluso sin orden de cateo cuando hay riesgo inminente", por lo que no aplicarlos es una omisión grave. En el caso de Edith, "esa omisión fue determinante", pues "este feminicidio pudo haberse evitado".
Exigencias del OCNF
Ante estos casos, el OCNF exigió que "las investigaciones se realicen con debida diligencia reforzada, conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de feminicidios", así como el "respeto irrestricto al debido proceso, sin simulaciones ni encubrimientos", y sobre todo que "se evite la revictimización de las familias, quienes han enfrentado no sólo la pérdida, sino también la negligencia de las autoridades".
El OCNF, compuesto por organizaciones civiles, defensoras de derechos humanos, colectivos y familiares de víctimas de violencia feminicida, urgió a la jefa de gobierno Clara Brugada a retomar las observaciones hechas a las 15 acciones que la mandataria implementó para la Alerta de Violencia de Género de la Ciudad de México. De manera particular, se llamó al "fortalecimiento del protocolo de investigación de feminicidios y transfeminicidios" y a la "implementación efectiva de mecanismos de búsqueda especializada de mujeres y niñas desaparecidas".
"Es inaceptable vivir en un México indolente, donde la negligencia institucional reduce las víctimas a números de carpeta. Cada omisión, cada retraso y cada prejuicio tienen consecuencias irreparables", sentenció el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
