Senado da paso crucial hacia Ley General de Feminicidio para unificar criterios en todo el país
Las comisiones de puntos constitucionales, estudios legislativos y para la igualdad de género del Senado de la República aprobaron este martes la reforma sobre la Ley General en materia de Feminicidio, un avance legislativo que busca homologar en todas las entidades federativas la misma tipificación penal del delito, además de uniformar sanciones y agravantes.
Fin a la disparidad legislativa que favorece la impunidad
Actualmente, cada estado cuenta con su propia legislación respecto al feminicidio, con diferencias sustanciales frente al Código Penal Federal. Esta fragmentación normativa, según explicaron los senadores durante la sesión de dictamen, "abre la puerta a la impunidad de los criminales que cometen feminicidio" al permitir vacíos legales y tratamientos diferenciados según la entidad federativa donde se cometa el delito.
La presidenta de la comisión para la igualdad de género del Senado, Malu Micher, expuso con detalle esta preocupante disparidad: "Se identifica que solo en 9 códigos penales estatales se contemplan las mismas razones de género del tipo penal que se establece a nivel federal, mientras que en los 23 estados restantes hay diferencias que aumentan o incluso reducen las razones de género".
Penalidades que varían dramáticamente entre estados
La actual fragmentación se refleja en sanciones que oscilan significativamente:
- En la mayoría de los estados: 40 a 70 años de prisión
- En Baja California, Coahuila y Michoacán: 20 a 50 años
- En Chiapas: 55 a 100 años
"Las razones de género son situaciones objetivas que pueden ser demostrables, verificables y que constituyen precisamente un elemento para decidir que se realizó feminicidio", recordó Micher durante su intervención.
Mejora en estándares de investigación y acceso a justicia
La reforma no solo busca uniformar sanciones, sino también mejorar los estándares de investigación con debida diligencia y perspectiva de género, garantizando el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y sus familias. Con la nueva ley general, estas diferencias llegarán a su fin y habrá las mismas sanciones aplicables en cualquier lugar del territorio nacional.
Adicionalmente, la iniciativa permitirá cumplir con los estándares internacionales de los instrumentos que México ha suscrito en materia de feminicidio, fortaleciendo el marco jurídico nacional frente a compromisos internacionales.
Apoyo transversal y propuestas complementarias
Senadores de oposición se sumaron a las propuestas para la expedición de la nueva ley, respaldando esta reforma con aportaciones significativas. Laura Esquivel, senadora del PAN, señaló la urgencia de perseguir el delito y, sobre todo, reparar el daño causado: "Se debe prever presupuesto para la reparación del daño para que todos nuestros niños huérfanos de las víctimas de feminicidio tengan una pensión mensual, atención médica y psicológica, becas educativas, protección especial en temas de tutela y custodia y apoyo a una vivienda digna y segura".
La legisladora panista fue contundente: "Cada feminicidio que no se investiga bien en este país es un mensaje de permiso para el siguiente. Los feminicidios en México son una emergencia nacional".
Por su parte, Mely Romero, senadora del PRI, apuntó que "la nueva ley debe cerrar la puerta a la liberación de agresores que no consuman su delito pero que, si tenían la intención, cerrar la puerta a la impunidad y reconocer estas conductas como una antesala al feminicidio".
Próximos pasos legislativos
Esta reforma constitucional será debatida en el pleno del Senado la semana entrante, marcando un paso fundamental en la construcción de un marco jurídico unificado que responda con mayor eficacia a la grave crisis de violencia de género que enfrenta el país. La homologación legislativa representa un avance significativo en la lucha contra la impunidad y en la garantía de justicia para las víctimas de feminicidio en todo el territorio mexicano.
