Relatora de la ONU exige recursos concretos para proteger a mujeres y niñas en México
La violencia contra mujeres y niñas en México continúa siendo uno de los problemas sociales más urgentes y sensibles del país. Durante una reunión con la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, Reem Alsalem, hizo un llamado contundente al Estado Mexicano para que destine recursos suficientes que fortalezcan las políticas públicas y las estructuras institucionales destinadas a la protección de este sector vulnerable.
Leyes sin financiamiento son insuficientes
"Una norma sin recursos y sin estructuras adecuadas para aplicarla no produce los resultados que se buscan", advirtió Alsalem de manera enfática. La funcionaria internacional reconoció los avances legislativos que México ha implementado en materia de equidad y protección, pero subrayó con preocupación que las leyes por sí solas no son suficientes si no se les dota del presupuesto necesario para su implementación efectiva.
Retos persistentes en la protección
Durante su intervención en el Senado, la relatora destacó varios desafíos que persisten en el país:
- Falta de casas de protección para mujeres y niñas en situación de riesgo.
- Impunidad en casos de femicidio que continúa siendo un problema grave.
- Ausencia de rutas claras para la atención integral de las víctimas de violencia.
Preocupación por reducción del perfil institucional
Alsalem alertó sobre una tendencia preocupante que observa en varios países, incluido México, donde ministerios o comisiones especializadas en políticas para mujeres han sido fusionados o degradados a subsecretarías. Esta situación, según explicó, dificulta significativamente la medición de resultados y la implementación efectiva de programas de protección, ya que reduce la capacidad institucional para abordar el problema con la prioridad que requiere.
Enfoque interseccional real
Otro punto central de su mensaje fue la necesidad de aplicar un enfoque interseccional real en las políticas públicas. La relatora explicó que muchos gobiernos priorizan solo a ciertos grupos vulnerables, dejando invisibilizadas las necesidades de otras mujeres, especialmente aquellas pertenecientes a comunidades indígenas, minorías sexuales, religiosas o étnicas.
"Para lograr equidad sustantiva, hay que adoptar medidas especiales y reconocer a las mujeres como categoría material específica", puntualizó Alsalem, enfatizando la importancia de diseñar políticas que consideren las múltiples dimensiones de la discriminación que enfrentan diferentes grupos de mujeres.
Posición sobre prostitución y gestación subrogada
En cuanto a temas particularmente sensibles, la relatora expresó su preocupación por la tendencia a normalizar la explotación de mujeres y niñas en contextos como la prostitución y la gestación subrogada.
Sobre la prostitución, presentó como modelo a seguir el modelo nórdico, que penaliza la compra de actos sexuales mientras ofrece apoyo integral a las víctimas. Alsalem destacó que la mayoría de quienes ejercen la prostitución son mujeres y niñas, mientras que los compradores son en su mayoría hombres, configurando lo que calificó como "un sistema de violencia y violación de derechos humanos" que se ve agravado por factores como la globalización, las crisis económicas y los conflictos.
Respecto a la gestación subrogada, señaló que este fenómeno debe analizarse desde la perspectiva de derechos humanos y no solo como un acuerdo privado entre clínicas y solicitantes. La evidencia científica, dijo, debe guiar cualquier regulación para evitar la explotación de las mujeres gestantes, protegiendo sus derechos fundamentales por encima de consideraciones comerciales.
Conclusión y llamado a la acción
Alsalem concluyó su participación reconociendo que México ha avanzado en varios frentes en la protección de mujeres y niñas, pero insistió en que el fortalecimiento de recursos, estructuras institucionales y políticas con enfoque de género es clave para garantizar la protección y la equidad para todas las mujeres y niñas en el país. Su mensaje final fue claro: sin inversión concreta y compromiso institucional sostenido, los avances legislativos seguirán siendo insuficientes para transformar la realidad de violencia que enfrentan millones de mexicanas.
