Crisis de Seguridad en Escuinapa: 30 Policías Municipales Abandonan la Corporación
En un hecho que refleja la grave situación de inseguridad que vive el municipio de Escuinapa, Sinaloa, al menos 30 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) han decidido causar baja de la corporación policial. Este éxodo masivo se produce en un contexto marcado por una escalada de violencia que ha cobrado la vida de cinco uniformados en menos de dos semanas.
Ola de Asesinatos y Emboscada Fatal
El director de la SSPyTM de Escuinapa, Rosario Guadalupe García Camacho, confirmó las renuncias, las cuales incluyen a siete agentes de nuevo ingreso que solicitaron su baja definitiva y 21 que tramitaron el proceso de jubilación, además de un elemento de tránsito. La decisión de los policías llega tras una serie de ataques mortales, siendo el más reciente la emboscada del 31 de marzo en la comunidad rural de Tecualilla, donde perdieron la vida el director operativo Esteban Gutiérrez y otros tres agentes, mientras uno más resultó herido.
Este incidente se suma a otro asesinato ocurrido 24 horas antes, elevando a cinco el número de policías asesinados en un período de catorce días. Desde diciembre de 2025, cuando comenzaron a recrudecerse los ataques contra la corporación, se han registrado al menos 11 homicidios de agentes, incluyendo el uso de bombas lanzadas desde drones.
Impacto Operativo y Contexto Regional
Con estas bajas, la SSPyTM de Escuinapa quedaría operando con apenas 49 elementos, distribuidos en 21 policías preventivos y 28 agentes de tránsito, lo que representa un desafío significativo para mantener la seguridad en un municipio con territorio mayormente rural. Escuinapa, ubicado al sur de Sinaloa, ha visto complicada su situación de seguridad debido a los enfrentamientos entre grupos delictivos, específicamente en el contexto de la guerra entre Mayos y Chapitos.
La renuncia masiva de agentes no solo evidencia el alto riesgo que enfrentan los policías en la región, sino que también plantea serias dudas sobre la capacidad institucional para contener la violencia y proteger a la población civil en una zona donde los ataques armados y bloqueos en carreteras, como la Mazatlán-Tepic, se han vuelto recurrentes.
